La más polémica de todas las reformas constitucionales que quiere llevar a cabo el presidente López Obrador antes de abandonar el cargo es la de elegir por voto popular a los ministros de la Corte, jueces, magistrados federales y estatales, entre otros. Los colegios, barras, asociaciones de abogados, facultades y escuelas de derecho en todo el país han alertado que esta medida no sólo violaría la independencia del poder judicial, sino que también reduciría a su mínima expresión el actuar de quienes imparten la justicia.
Este modelo existió en México con la constitución de 1857, pero evidentemente, hoy los tiempos han cambiado y la estructura institucional del país también. Nuestra actual constitución establece que el presidente de la República -quien fue electo por el pueblo- es el encargado de nombrar a los ministros de la Corte con la aprobación de las dos terceras partes de los senadores -también electos por el pueblo-. Entonces, nuestro poder judicial ya tiene un origen popular y democrático, pero no de manera directa, sino a través de nuestros legítimos representantes. Con la aplastante mayoría que tendrá Morena en ambas cámaras legislativas, el único contrapeso que queda será el poder judicial.
En el mundo existen diferentes mecanismos para elegir a los ministros de la Corte, en Estados Unidos los designa el presidente y los confirma el senado; en España los eligen sus diputados y senadores, en América Latina los miembros del congreso. El único país que elige a nivel nacional a sus ministros judiciales por voto popular es Bolivia, quien no es precisamente el mejor ejemplo que tenemos de democracia. Organizaron dos elecciones judiciales, en 2011 y 2017 y la tercera se encuentra suspendida desde el año pasado por falta de garantías. Lo que hicieron en Bolivia de ninguna manera debe replicarse en México, el proceso ha sido un rotundo fracaso porque en realidad no era el pueblo quien elegía a sus jueces, sino la gran mayoría parlamentaria que tenía el partido de Evo Morales -llamado Movimiento Al Socialismo (MAS)-. Miles de aspirantes se inscribían y eran los diputados en una comisión especial -con mayoría del MAS por supuesto- quienes elaboraban una pre-lista para que los ciudadanos la votaran, siendo todos quienes la conformaban afines al partido, creando una Corte militante y acabando con la división de poderes.
El sistema judicial es una responsabilidad que no puede depender de la popularidad de un aspirante, ni de los intereses de la bancada mayoritaria, porque su legitimidad no estaría en realidad en el voto ciudadano, sino en la pre-selección del partido mayoritario.
Lo que debemos impulsar son reformas que nos garanticen tener a los mejores ministros posibles, por capacidad, antecedentes, experiencia, conocimientos jurídicos y no la simple idea de que el voto popular hará que la impartición de justicia mejore. Así podríamos caer en una crisis constitucional sin precedentes, que se convierta muy pronto en nuestro propio lamento boliviano. Al tiempo.
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