El 31 de octubre del 2017 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Minamata por parte del gobierno mexicano, en el que se reconoce al mercurio como un tóxico persistente y de alta movilidad dentro de los ecosistemas a través de agua, aire y suelo; en donde su bioacumulación representa un grave problema de salud para la biodiversidad y para el ser humano. Por lo tanto, el objetivo de la firma del Convenio de Minamata es claramente “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos del mercurio”.
En este sentido, México se comprometió a erradicar la extracción primaria de mercurio en un plazo de 15 años, es decir, al 2032. A partir de la firma del convenio se han llevado a cabo esfuerzos interinstitucionales e intersecciones a nivel nacional e internacional. México es el segundo productor de mercurio en el mundo, solo por detrás de China. El lugar en donde mayormente se practica la minería de mercurio es la Sierra Gorda Queretana. De esta forma, los esfuerzos se han concentrado en los municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes a través del proyecto “Reducción del Riesgo Ambiental Global a través del Monitoreo y Desarrollo de un sustento alternativo para el sector minero primario de mercurio en México”.
La Universidad Autónoma de Querétaro es parte central del proyecto ya que en agosto del 2022 se conformó un equipo de trabajo para coordinar las actividades que permitan iniciar las acciones que permitan a la comunidad minera transitar hacia actividades que no involucren la extracción primaria de mercurio. La UAQ ha trabajado por más de 10 años en la región, por lo que cuenta con la experiencia en territorio, así como el conocimiento de la problemática. Sin embargo, el problema es muy grande, ya que no sólo se trata de orientar y sensibilizar a la comunidad minera sobre la problemática de continuar con la extracción artesanal de mercurio y sus impactos en la salud.
El problema amerita la intervención de los tres órdenes de gobierno. A nivel federal se cuenta con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de su Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con el Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). A nivel estatal participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro (SEDESU). Lamentablemente no se cuenta con la participación de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESEQ). Esto deja en completa vulnerabilidad a la población expuesta a mercurio en la región ya que no se está monitoreando el nivel de exposición y los efectos tóxicos que las personas presentan.
A nivel nacional existen diferentes laboratorios, públicos y privados, capaces de determinar mercurio en agua y suelo, aunque falta llevar a cabo el monitoreo en aire. Algunos de estos lugares cuentan con metodologías acreditadas para la determinación y monitoreo de mercurio en alimentos, sin embargo, solo un laboratorio privado a nivel nacional cuenta con capacidades acreditadas para la determinación de mercurio en sangre u orina. Lo anterior da cuenta de la falta de visión que las autoridades gubernamentales tiene sobre la necesidad de abordar el problema, ya que es indispensable contar con infraestructura y un proceso sistematizado para determinar y monitorear el mercurio y sus compuestos en medio ambiente, alimentos y personas.
En cuanto al panorama estatal, Querétaro cuenta con algunos laboratorios acreditados para el monitoreo de mercurio en medio ambiente, pero ninguno en alimentos ni en muestras biológicas como sangre y orina. Es indispensable que el gobierno queretano asuma su responsabilidad para la solución del problema de la minería de mercurio. No bastan las acciones llevadas a cabo hasta ahora, es indispensable una política pública para atender el problema en el territorio, sobre todo en la Sierra Gorda donde muchas comunidades dependen de esta actividad económica. Además, es urgente que la SESEQ inicie con estrategias de atención a la población y se construya una red intersectorial, incluidas las universidades, para abordar el tema de forma integral.
De no abordarse el problema, México no podrá cumplir con el plazo al 2032 para erradicar la minería artesanal del mercurio, y lo que es peor, la población seguirá sumida en la pobreza, en la enfermedad y presa del mercado negro y del crimen organizado.
