Contundente pero sereno José Patricio González Loyola, magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación desde hace 25 años -1999- y Juez de Distrito de 1991 a 1999, diserta:
“La Reforma Judicial propuesta por López Obrador consiste en un burdo mecanismo para obtener una mayor concentración de poder.
“Parte de un conjunto de falsedades al sostener que los juzgadores carecen de legitimación por no haber sido designados mediante elección directa de la ciudadanía, y los culpa por la impunidad y la corrupción en el país.
“La primera cuestión es claramente errónea porque la legitimidad de los jueces no deriva de la forma de designación, sino depende de que sus resoluciones sean apegadas a la ley, al derecho.
“Un juez no se designa en función de su popularidad, sino de su preparación, porque debe desempeñar una labor técnica.
En 2021 se expidió la Ley de Carrera Judicial, que reconoce la importancia de la preparación y que establece los concursos de oposición como el medio para llegar a ser juez o magistrado federal.
“El acceso a la tutela judicial es derecho humano que se rige por el principio de progresividad. Por esa razón, la supresión de la carrera judicial es una medida regresiva, contraria al beneficio que ésta otorga a la sociedad, y es de esperarse que quienes resulten elegidos por votación lleguen con compromisos para con quienes los postulan, y en esa condición puede acceder al cargo personas comprometidas con grupos de intereses económicos, políticos o delictivos.
¿Estaría de acuerdo con quienes hablan de un virtual golpe de estado…?
Quien es egresado, con las mejores notas, de la Facultad de Derecho de la UAQ en 1983 señala: “Yo considero que sí podría afirmarse que se trata de un golpe de estado técnico, en la medida en que el Titular del Ejecutivo está proponiendo y el Legislativo, sin cuestionar ni analizar la propuesta y sus alcances, se encamina a la aprobación de esos cambios, que en el fondo lo que hacen es apoderarse del Poder Judicial, desplazar a las autoridades existentes y remplazarlas, controlando la designación de los nuevos titulares, cuya permanencia y continuidad en el cargo estaría sujeta a la complacencia de quienes les auxiliaron a ser nominados, esto es, en detrimento de la independencia judicial”. Ahonda al respecto y considera que “la motivación de las reformas radica en el disgusto que ocasionan al Presidente las sentencias dictadas en los juicios de amparo, en las cuales se establece la anulación de los actos que no se apegan a la Constitución o a la ley. En su tribuna habitual se ha quejado de las medidas tomadas por los juzgadores cuando se reclaman en los juicios de amparo los actos o las omisiones con las que se aparta de la ley: pierde de vista que el objetivo del amparo consiste en frenar los desvíos de las autoridades, impedir la arbitrariedad y obligarles a actuar conforme a lo establecido en las leyes. Ahora se buscará incorporar a juzgadores que tengan “sensibilidad” y puedan ser consecuentes con esos desvíos, lo que se traduce en un detrimento en perjuicio de los gobernados.
“La segunda cuestión, ahonda el magistrado Patricio González Loyola, tiene que ver con la solución a dos problemas muy dolorosos en nuestro país: la corrupción y la impunidad.
“Se pretende el despido, sin respetar el debido proceso legal, de casi mil 700 jueces y magistrados sin que en la iniciativa de reformas se expresen motivos para justificar esa decisión. Se hacen algunas afirmaciones genéricas, como las consistentes en que se liberan delincuentes, en que se les devuelven sus cuentas bancarias, que se obstruye el avance de las obras insignia de esta administración, pero no se expresan hechos que sirvan de base para justificar ese despido masivo y menos aún se cuenta con pruebas que acrediten una actuación indebida de ellos. Por otra parte, no se hace ninguna previsión sobre la indemnización de los servidores públicos separados de sus cargos”.
Respecto al tema de la impunidad González Loyola señala que se relaciona “primordialmente con la falta de sanción a la gran cantidad de delitos que se comenten y que ni siquiera son objeto de denuncia, porque no se confía en las autoridades policiales o ministeriales, o que siendo denunciados, sólo dan lugar a una carpeta que nadie atenderá.
“Se afirma que del gran número de hechos ilícitos, se denuncia un porcentaje de 1 al 2 por ciento, y de éstos únicamente 4 de cada 10 obtienen sentencia. Con esta referencia se muestra que la impunidad se localiza en los delitos no denunciados y no atendidos, lo que corresponde a las labores de la Policía y de la Fiscalía, no a los jueces. Sustituir a los juzgadores no moverá esas cifras en lo más mínimo.
“Es por eso que la reforma no abonará en nada a la solución y, en cambio, generará un serio problema al poner en manos de personas no capacitadas la solución de conflictos, muchos de ellos delicados y con repercusiones serias en la libertad, el patrimonio y otros valiosos bienes jurídicos de quienes acuden a los tribunales.
“El motivo real de la reforma nada tiene que ver con los órganos judiciales de las 32 Entidades Federativas, en las que la reforma ordena a éstas modificar sus constituciones para adecuarlas al cambio que se prevé en el Constitución Federal, afectando a la totalidad de los juzgadores en funciones, sin respeto a sus derechos laborales y en perjuicio de la población”.
¿Puede en este caso hablarse de venezuelización y centralización del poder en virtual o real autocracia?
“La propuesta de reforma constitucional apunta a una concentración de poder del Ejecutivo que hace pensar en México con un escenario semejante al que vemos en Estados en los que se gobierna bajo un régimen dictatorial, lo cual apunta a afectar el conjunto de libertades y derechos de la población, con una evidente falta de reflexión de quienes resultamos afectados. Pongamos un ejemplo: con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, uno de los órganos constitucionales autónomos, regresan esas atribuciones al titular del Ejecutivo y debe adecuarse la legislación que regula esa materia. Con ello es muy probable que se regrese a esquemas de funcionamiento de las grandes empresas de telefonía e internet que propiciarán el incremento de los costos que esos servicios”.
¿Una reforma sensata en materia de justicia debe implicar a fiscalías, policías de los tres órdenes de gobierno y al personal administrativo?
“Toda reforma a las normas jurídicas de un Estado, y más aún en tratándose de las disposiciones constitucionales, deberían estar precedidas de un cuidadoso análisis de los problemas para los cuales se expiden. Resulta una exigencia de sentido común que la solución corresponda al problema y que abone a resolverlo.
“En el caso de esta reforma constitucional a las normas que gobiernan la estructura y el funcionamiento de los órganos de los poderes judiciales, tanto federal como los locales, no hay un diagnóstico sobre la problemática que se pretende resolver. Se alude a corrupción y a impunidad y esos no son temas específicos, privativos del poder judicial, sino de toda la estructura de gobierno y como lo mencioné, la impunidad es un fallo que pesa preponderantemente sobre las fiscalías y los institutos policiales, tanto federales como locales.
“A los juzgadores podría atribuírseles dilación en la solución de los asuntos, claro, considerando los recursos asignados para esas áreas y las cargas de trabajo, pero no la impunidad, puesto que ni siquiera se trata de asuntos que hubieran sido sometidos a su conocimiento”.
¿Afrenta la reforma derechos laborales de todo el personal de la judicatura?
Sí, es evidente que no se respetan los derechos laborales de quienes son parte de los órganos judiciales federales. Se estima que la nueva administración ajustará indebidamente los salarios de todo el personal y retirará prestaciones que forman parte de las condiciones generales de trabajo. Al suprimirse la carrera judicial, se pierde para todos los trabajadores la motivación que brinda la posibilidad de ascender con preparación y esfuerzo. Para los titulares, la separación se realizaría sin previsión de la indemnización correspondiente, lo que afecta el derecho al trabajo, a la previsión social y afecta el desarrollo del plan de vida.
“Además, de manera deshonrosa se atribuye a los juzgadores corrupción y negligencia en el desempeño de sus funciones, sin sujetarse al debido proceso legal. Eso atenta contra el honor de quien desempeña la función en forma responsable y con profesionalismo. Cabe mencionar que en el Poder Judicial de la Federación estamos sujetos a una intensa carga de trabajo, que se realiza bajo rigurosas medidas de control sobre la actividad diaria, con registros mensuales y visitas de inspección física periódicas, que transparentan el desempeño de nuestra función.
Y en éste y en otros temas, los partidos políticos ¿cumplen su papel en lo que se supone democracia moderna?
“Esto puedo decir como ciudadano, los partidos políticos no están a la altura de lo que el país requiere. No se advierte una actividad política enfocada en las necesidades y problemas de nuestra población. Desarrollan un juego de participación con un gran componente de interés personal en las directivas, que ni se ocupan de plantear soluciones a los grandes problemas ni ceden los espacios a nuevas generaciones. Hasta ahora, en lo que yo aprecio, quedan a deber.
¿Qué hacer en lo que parece inminente aprobación a sacrificar la autonomía e independencia del Poder Judicial?
“Quienes integramos los juzgados y los tribunales federales estamos exigiendo el respeto a nuestros derechos y, por supuesto expresamos el rechazo a esa reforma que es un despropósito, porque serviría para solucionar ningún problema, pasaría por encima de principios constitucionales que garantizan la independencia judicial, la división de poderes y el respeto a las leyes. La resistencia más fuerte ha implicado la suspensión de labores, sin que dejen de atenderse los asuntos urgentes, que constituye un derecho que tenemos como trabajadores, y en esa medida se conjuntan nuestra libertad de expresión y el derecho a la libre asociación. Adicionalmente, tenemos previsto realizar la impugnación a través de los medios de defensa que las leyes nos permiten, en la medida que resulte necesaria.
¿Qué pierde México ante este neocentralismo del poder?
La reforma judicial es la mayor agresión al principio de división de poderes y es una preparación para el ejercicio del poder en forma absoluta, pues al eliminar otras instituciones que facilitan la rendición de cuentas, se abre campo hacia la arbitrariedad y la impunidad. Con ello se sacrifica el avance que se tenía alcanzado hacia la construcción de un Estado de Derecho Constitucional y se apunta, en el más optimista de los casos, a una democracia con menor desarrollo.
