La lucha por la construcción de la Ley Estatal de Aguas inició hace dos años. Fue en mayo del 2022 cuando se aprobó y publicó la que hoy se conoce como “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro" (conocida como la “Ley de Concesiones”). Entre protestas y propuestas, dicha ley tuvo que acuñar ese nombre ya que su alcance no es suficiente (aún ahora, después de ser recientemente modificada) para abordar todos los temas que requiere el caso.
En ese entonces se presentaron protestas por diferentes colectivos y la ciudadanía; fue cuestionada por grupos de ambientalistas, organizaciones civiles promotoras del cuidado al medio ambiente y derechos humanos, comunidades de pueblos originarios, integrantes de la academia y por la sociedad en general. Muchos son los temas que deben abordarse y se han omitido: el acaparamiento, la sobreexplotación de acuíferos, los cambios de uso de suelo y sobreexpansión urbana, así como el abuso y la discrecionalidad en la asignación de concesiones.
Sin embargo, también se presentaron propuestas. Se elaboró un documento intersectorial en donde participaron integrantes de la academia, organizaciones civiles y de la sociedad. Pautas para la Regulación Hídrica, desde los enfoques de los derechos humanos y la sustentabilidad, es un documento que pretende acercar las bases para no perder de vista los puntos básicos e indispensables que requiere la Ley de Aguas de Querétaro. Se solicitaron parlamentos abiertos y se conformó la Red de Defensa del Agua y la Vida.
Se promovieron cinco amparos ante el Poder Judicial en septiembre del 2022 y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso en 2023 por considerarlo de relevancia nacional. El proyecto original de sentencia indicaba que la “Ley de Concesiones” afectaba los derechos humanos al agua, al medio ambiente sano, al saneamiento y a la participación (resolución al amparo 984/2023) y otorgaba 180 días para emitir una nueva ley. Un día antes de cumplirse el plazo, la LX Legislatura local, sin llevar a cabo consulta ciudadana y en fast track reformó la ley del 2022, con lo que se replanteó la sentencia de inconstitucionalidad y se determinó el sobreseimiento el 26 de junio del 2024.
Lo anterior da cuenta de que la SCJN no validó la ley original ya que fue necesario que se realizaran reformas para cumplir -aunque parcialmente- los argumentos del amparo en cuestión (quedando cuatro por resolver). Esto es de alta relevancia ya que da cuenta de que, efectivamente, la “Ley de Concesiones” original era violatoria de derechos humanos y se da reconocimiento a las movilizaciones sociales. Sin embargo, este avance no es suficiente ya que la ley actual dista mucho de observar el Acuerdo de Escazú.
Además, Querétaro enfrenta una grave crisis hídrica y las diferentes protestas sociales han resultado en represiones que han sido señaladas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente 23 organizaciones civiles, redes y grupos sociales han suscrito a favor de continuar la lucha por la construcción participativa de la Ley Estatal de Aguas, con enfoque en el derecho humano al agua y un medio ambiente sano.
