La advertencia y denuncia pública del presidente municipal de Colón Gaspar Trueba, sobre el esquema irregular de venta de alcohol presuntamente implementado por la administración anterior encabezada por Manuel Montes, es un recordatorio del desastre que existe en la regulación en torno a la venta de bebidas alcohólicas que afecta a diversos municipios en Querétaro y otras regiones del país.

Según Trueba, la anterior administración del priista Montes permitió que más de 250 establecimientos operaban bajo un sistema en el que se “vendían boletos” mensuales de mil pesos, sin que los recursos recaudados ingresarán de manera oficial a las arcas municipales; la gravedad de este caso radica no solo en el uso indebido de atribuciones exclusivas del estado, sino que también alguien se llevó recursos a sus bolsillos a costillas y con pantalla de autoridad y eso es un delito, que no se ha denunciado.

La regulación de los permisos para la venta de alcohol es una competencia estatal, y es precisamente esta competencia la que ha sido históricamente objeto de laxitud en muchos municipios. El hecho de que, por lo menos durante un año, se haya permitido este tipo de prácticas ilegales sin que nadie se percatara de la irregularidad es una señal alarmante sobre la debilidad de los mecanismos de supervisión y control en el ámbito local.

La venta de alcohol de esta forma trinquetera tiene consecuencias aún más graves para la salud pública y la seguridad de la población; el alcohol es una de las sustancias más consumidas en México, y su abuso está directamente relacionado con una serie de problemas sociales, como la violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito, el aumento de delitos relacionados con la embriaguez y el deterioro de la salud mental y física de la población.

Los gobiernos municipales tienen una responsabilidad crucial en la vigilancia y regulación de la venta de alcohol, pues son los encargados de asegurar que las actividades comerciales que involucran productos de riesgo se realicen de manera legal y respetuosa con las normativas de salud pública.

En un esquema de opacidad que solo favorece a unos pocos y perjudica a toda la comunidad, la falta de regulación no solo es un desafío legal, sino un reto ético y social al que las autoridades deben enfrentar ya.

DE REBOTE

Los falsos profesionistas de la salud como la “Marilyn Cote queretana” implican a toda una red de personas ligadas al sistema de salud sin que sean profesionales de la misma y con la detención de esta persona, caerán más implicados que hoy tienen a varias mujeres con secuelas que difícilmente podrán superar.

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