La separación de poderes es un pilar fundamental en cualquier democracia que se precie de garantizar el equilibrio entre las distintas funciones del estado. Este principio no es solo una formalidad sino una salvaguarda para la protección de los derechos ciudadanos y el ejercicio de la justicia imparcial. En este contexto, proponer que los jueces sean electos por voto popular representa un riesgo significativo que puede alterar este balance esencial.

El Poder Judicial, a diferencia del Legislativo o el Ejecutivo, no está destinado a ganar popularidad o votos, su misión es la de interpretar y aplicar la ley con objetividad, sin estar sujeto a las presiones que generan las campañas electorales. Los jueces deben tomar decisiones basadas en principios jurídicos, no en encuestas o el clamor público.

Cuando se les coloca en una situación en la que deben ganar el favor del electorado el riesgo de que se tomen decisiones populistas, que no necesariamente sean justas o legales, aumenta exponencialmente.

El riesgo de elegir jueces mediante el voto popular también pone en juego la independencia del Poder Judicial. Este debe mantenerse alejado de influencias externas que comprometan su neutralidad.

La presión de campañas electorales, los financiamientos y los grupos de interés pueden desvirtuar la toma de decisiones, alejándolas de su base constitucional y jurídica. Un juez que depende del apoyo popular o de donantes para llegar al poder o mantenerse en él difícilmente podrá actuar con la libertad y la independencia que la justicia requiere.

Es vital entender que los jueces no deben responder a las mayorías, sino a la Constitución y a la ley. Dejar en manos del electorado la designación de los jueces podría derivar en una justicia politizada y subjetiva, donde los derechos fundamentales de las minorías pueden quedar subordinados a los intereses de las mayorías, algo que es incompatible con un sistema democrático y con la protección de los derechos humanos.

La separación de poderes es la barrera que impide que uno de ellos se imponga sobre los otros y garantiza que el estado funcione de manera equilibrada y equitativa. Permitir que la justicia caiga en manos de los vaivenes políticos no solo socavaría este equilibrio, sino que abriría la puerta a decisiones judiciales contaminadas por la búsqueda de popularidad, más que por el respeto al Estado de derecho.

En conclusión, la elección de jueces por voto popular amenaza uno de los principios más valiosos de la democracia moderna: la independencia judicial. Mantener una sana separación de poderes y proteger al Poder Judicial de la influencia electoral es esencial para la preservación de una justicia imparcial y para el correcto funcionamiento de una democracia genuina.