Con otra victoria como esta estoy perdido
Pirro, rey de Epiro. 279 a. C
Dimos la batalla en un firme llamado al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) defendiendo los argumentos a favor de una interpretación constitucional que permitiera conformar un Congreso que reflejara la pluralidad mexicana, con base en el respeto a los porcentajes de representación proporcional en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución. No se logró. El pasado viernes se ratificó la mayoría calificada de Morena en la cámara de diputados. Punto para ellos y avanzan. La pregunta es ¿a qué costo?
Parece inminente que con esa mayoría las siguientes “victorias” serán fast track. De todas las implicaciones derivadas del hecho de que el paquete de reformas, tal como están planteadas por el ejecutivo federal, sea aprobado en el próximo período legislativo que inicia el 1 de septiembre, en esta columna solo me referiré a algunas relacionadas con el desarrollo de nuestra economía.
El pasado 19 de agosto diversas organizaciones empresariales estadounidenses dirigieron una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, manifestando su preocupación por las reformas constitucionales propuestas en México. Las organizaciones firmantes (de los sectores de manufactura, productos químicos, tecnología, servicios, tecnología médica, minería y energía) reconocen el derecho soberano del país para autodeterminar sus políticas y cambios constitucionales, aunque advierten que algunos de estos podrían dañar la relación comercial y de inversión entre los Estados Unidos y México, “así como los derechos de las empresas estadounidenses en virtud del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)”. Señalan también que se genera incertidumbre afectando, por ejemplo, “próximas conversaciones del T-MEC como parte de la revisión del acuerdo en 2026″. Solicitan, por lo tanto, al Secretario Blinken, que comunique esas inquietudes y recomiende al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum adoptar un enfoque “más lento y deliberativo” en la consideración de las enmiendas.
Entre las principales preocupaciones que en su carta desarrollan se encuentran las enmiendas propuestas para debilitar o incluso eliminar varios organismos reguladores autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, despidiendo a los profesionales expertos que los integran. Además, señalan el riesgo de codificar el trato preferencial de las empresas estatales sobre las empresas del sector privado, el debilitamiento de las protecciones de los inversores y la prohibición de las ventas de productos agrícolas estadounidenses, así como de ciertos tipos de inversiones extranjeras.
Las organizaciones advierten que estas enmiendas podrían “dañar no solo el atractivo de México como un lugar para invertir y hacer negocios, sino también el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva en una economía global cada vez más compleja”. Aquí nuevamente caben las palabras de nuestro Presidente Nacional de Coparmex, José Medina Mora, refiriéndose a criterios que comprometen la independencia y autonomía judicial, erosionando con ello la confianza pública y la estabilidad jurídica. Hemos repetido que los mercados globales nutren su crecimiento de la estabilidad ; la incertidumbre, por el contrario, aviva las decisiones de mover el capital a escenarios más seguros, menos volátiles respecto a las políticas institucionales y más confiables respecto al cumplimiento de acuerdos.
Vino después la carta del embajador de los E.E.U.U. en México, Ken Salazar, poniendo sobre la mesa sus preocupaciones por las consecuencias de la reforma al poder judicial, abundando sobre los riesgos e incumplimientos en la relación comercial, e inclusive la posibilidad de que se abra la puerta de entrada al narco en el sistema legal. No se hicieron esperar los discursos de descalificación a la injerencia, los patrióticos reclamos que defienden la soberanía del país, pero nada de ello borra la probabilidad de los efectos adversos a las relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales, entre otros motivos, por posibles violaciones a acuerdos en el T-MEC.
*Presidenta de Coparmex-Querétaro
