Lo subrayamos una vez más: en el ecosistema económico de México, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 99.8% del total de las unidades económicas y generan más del 70% de los empleos formales, según datos del INEGI. Con estas dimensiones, no debe quedar duda que las micro, pequeñas y medianas empresas son también una enorme base social. Sin embargo, pese a su peso específico en las condiciones socioeconómicas del país, este inmenso segmento de empresas enfrenta desafíos estructurales que limitan su capacidad de convertirse en motores plenos de desarrollo económico y movilidad social. Para que las pymes realmente impulsen el progreso de nuestro país, es urgente contar con una política nacional sólida y efectiva de desarrollo de las mismas.
Un informe reciente del Banco Mundial destaca que menos del 5% de las pymes mexicanas están integradas en las cadenas de valor globales. Sin embargo, las pymes suelen operar en condiciones de desventaja dentro de esta cadena de proveeduría , enfrentando las mismas condiciones que se establecen a otras grandes empresas, por ejemplo, respecto a los tiempos de pago que van desde los 60 hasta los 120 días , crédito que “ahorca” su flujo para seguir operando, y limitando y hasta eliminando su posibilidad de acceder a mercados más dinámicos y competitivos. Aquellas que logran incorporarse enfrentan barreras significativas, como falta de financiamiento competitivo, estándares de calidad cada vez más rigurosos y desventajas tecnológicas frente a empresas multinacionales. En muchos casos, las pequeñas empresas mexicanas terminan siendo subcontratistas con márgenes mínimos de ganancia, incapaces de escalar y competir de igual a igual.
Además, la informalidad sigue siendo un reto colosal. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alrededor del 57% de las pymes operan en la informalidad, lo que les impide acceder a beneficios como financiamiento formal, capacitación especializada y oportunidades de innovación. Esta situación las condena a un ciclo de baja productividad y escasa movilidad económica, perpetuando las desigualdades sociales en el país.
Frente a este panorama, México necesita adoptar una política integral de desarrollo para las pymes, que vaya más allá de los programas aislados. Esto implica fomentar el acceso a financiamiento asequible, promover la capacitación tecnológica y empresarial, y generar incentivos para que las grandes empresas integren a las pymes en sus cadenas de valor. Países como Corea del Sur y Alemania han demostrado que las políticas de fomento a las pequeñas empresas pueden traducirse en economías más sólidas, competitivas y equitativas.
El impacto de una estrategia robusta sería monumental. Al potenciar a las pymes, no solo se fortalecen los empleos, sino que también se abren nuevas rutas de movilidad social para millones de mexicanos. Las pymes tienen la capacidad de ser generadoras de innovación, puntos de conexión entre comunidades y mercados globales, y, sobre todo, agentes de transformación social.
El tiempo de actuar es ahora. La inversión en las pymes no es un gasto, sino una estrategia para construir un México más fuerte, equitativo y con oportunidades reales para todos. No podemos permitirnos desperdiciar el potencial de quienes representan el corazón de nuestra economía. Es momento de darles las herramientas necesarias para crecer, competir y liderar el desarrollo del país.
