No es novedad que México enfrenta serios desafíos en su democracia y que hoy parecen apuntar menos a la consolidación de ésta y más hacia el regreso de un esquema de partido hegemónico con tintes autoritarios como en los años sesentas.

Tampoco es novedad el ataque sistemático que desde el ejecutivo se ha gestado contra las instituciones creadas en la primera década de la transición democrática mexicana (2000-2010).

Mucho menos es noticia el esfuerzo que la 4T ha emprendido para desmantelar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo es pieza clave en el entramado institucional, y no solo ha venido garantizando el acceso ciudadano a la información pública, sino que también ha desempeñado un papel crucial como contrapeso del poder ejecutivo.

El INAI ha destacado por su capacidad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Estas herramientas jurídicas no solo protegían derechos ciudadanos, sino que también desafiaban medidas que, bajo el manto de la seguridad nacional, ocultaban información crucial para la revisión del gobierno lopezobradorista.

El mejor ejemplo se dio cuando el ex presidente clasificó como reservados los detalles de sus megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. El argumento de seguridad nacional buscaba blindar estas iniciativas, dejando en la opacidad posibles irregularidades o impactos ambientales y sociales. Más pronto que tarde, y a conveniencia de pocos, comenzamos a transitar del derecho a la sombra del poder.

La desaparición del INAI desde entonces estuvo cantada. Con su eliminación desaparece un mecanismo efectivo para confrontar decisiones de política pública y gasto públicos. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrá facultades similares, depender exclusivamente de este órgano genera una sobrecarga institucional y limita las posibilidades de reacción ciudadana inmediata.

Los efectos de la desaparición de la institución de transparencia van más allá de lo ya mencionado, sin un organismo dedicado a la apertura de información pública, México enfrenta al menos tres riesgos relevantes en el corto plazo:

1) Centralización del poder: En un sistema donde el Ejecutivo domina el Legislativo, el INAI funcionaba como un contrapeso indispensable. Su eliminación refuerza la concentración de poder y dificulta la vigilancia ciudadana.

2) Desconfianza pública: El acceso a la información no es un lujo, sino un derecho fundamental para construir confianza en las instituciones. Sin transparencia, el ciudadano queda desconectado del ejercicio del poder.

3) Impacto económico y social: La opacidad espanta inversiones. Empresas y mercados dependen de datos confiables para tomar decisiones. En paralelo, la falta de transparencia obstaculiza el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

En respuesta a la desaparición del Instituto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha prometido incorporar funciones del INAI en otras dependencias. Sin embargo, estas propuestas parecen diseñadas más para justificar su desaparición que para garantizar su operatividad. La transparencia necesita independencia, un atributo que difícilmente puede mantenerse en instancias subordinadas al Ejecutivo.

La eliminación del INAI no es solo un tema local; es un caso de estudio sobre cómo los gobiernos pueden desmantelar instituciones clave bajo argumentos de austeridad o eficiencia.

En un mundo donde la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos globales para la confianza en la democracia, el retroceso de México debería encender alarmas, no solo en América Latina, sino en todas las democracias emergentes.

La verdadera pregunta no es si México puede funcionar sin un INAI, sino si sus ciudadanos están dispuestos a aceptar un futuro donde el acceso a la verdad sea la excepción y no la regla. La transparencia no es un lujo democrático, es su esencia, y su ausencia debe ser un recordatorio alarmante de cómo decisiones políticas pueden socavar pilares fundamentales de la rendición de cuentas.