Cuando el polvo se asiente y la historia trille el grano de la paja, merecerá una página especial la revisión del día en que el ministro Alberto Pérez Dayán fue sometido a una estrategia de acoso y derribo para ceder su voto en la Corte a favor del avasallamiento del Poder Judicial federal.

Se consumó con ello el legado central de la visión de Andrés Manuel López Obrador sobre un país en donde el poder político no tenga contrapesos, límites y, ni siquiera, algo de pudor democrático.

Desde las cañerías de un sistema que ha sido refractario a las alternancias y las transiciones políticas en México, se confeccionó un expediente que dobló con aparente facilidad la voluntad de Pérez Dayán al amenazarlo con poner a la intemperie los esqueletos que mal venía ocultando en su armario. El episodio semeja una serpiente que se muerde de la cola y nos hunde a todos en el fango.

“No se puede enfrentar una insensatez”. Tal fue la frase de Pérez Dayán el pasado martes 5 en la sesión crucial de la Corte sobre la llamada reforma judicial, cuando bloqueó la propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ofrecía una salida a la crisis constitucional que atenaza al país y exhibe su regresión política ante el mundo.

Ahora sabemos que en realidad lo que Pérez Dayán no consideró sensato fue enfrentar con el valor de su voto una amenaza que dobló su libertad y su dignidad, para lo que mucho colaboró la hostilidad de un Congreso servil -antes con Palenque que con Palacio- y anhelante de sangre para demostrar su ánimo purificador de la República.

Un expediente que muestra a integrantes de una familia beneficiándose presumiblemente del esquema de facturas falsas para acumular riqueza, o que se apoya en acciones judiciales forjados con alegatos de abusos sexuales, puede ser una loza muy pesada sobre la conciencia de un individuo, en especial si debe basar su autoridad en la probidad propia y la de su entorno personal.

Este expediente jamás podría haber sido construido sin violentar los límites legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República y de la fiscalía de la Ciudad de México, con un rasero en el que no se castiga al que se corrompe y traiciona la confianza de la que fue depositario, sino al que se equivoca políticamente. Para eso sí que sirve nuestro sistema de inteligencia en manos del gobierno, si bien es inútil para detectar y desmantelar a las bandas del crimen organizado.

La página aquí referida debe convocar, necesariamente, a un cuestionamiento sobre la capacidad que requiere exhibir un cuerpo profesional -en este caso la Corte- para depurarse en los casos en que cualquiera que se desempeñe en su interior falte al estricto código de conducta sobre el que se fundamenta la propia fortaleza de toda la institución.

El epílogo de esta historia se nutre de anécdotas. Hombres cercanos a Pérez Dayán, en particular algunos magnates a los que varios de los togados gustaban de tratar en el ámbito social, extendieron sus propios consejos -difícilmente espontáneos ni de buena fe- para que el señor ministro se pusiera a buen recaudo antes de arriesgarse a sufrir las consecuencias que regularmente atrae la libertad.

Colocado al centro de esta crisis, a Pérez Dayán se le debe considerar víctima de una conspiración fraguada desde altas oficinas del Estado, pero también como verdugo del entramado que requieren las instituciones democráticas en tiempos de fuego como los que vivimos.