por Elizabeth Mejía Pérez Campos
Nuestro país se caracteriza por la gran protección al patrimonio arqueológico, pero esto no siempre fue así, realmente solo es legal desde hace 79 con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto porque historias como la del cenote de Chichén Itzá demuestran como a principios del siglo XX hubo ciudadanos norteamericanos que compraron el terreno donde se hallaba el cenote para extraer los objetos y llevarlos a Estados Unidos de Norteamérica. Esto se debe a que en aquel país los objetos arqueológicos pertenecen a quien los encuentra, igual ocurre con los minerales como el oro, o bien el petróleo.
Desde que entró en vigor la ley de patrimonio arqueológico e histórico todo el patrimonio es un bien Nacional, por tanto ningún civil lo puede poseer, extraerlo y comercial con él es un delito. Sin embargo, esta ley no ha logrado que los saqueadores desistan. Sabemos de personas que invierten unos 100 mil dólares para extraer piezas que después venden en unos 300 mil dólares o más. También existen personas que comercian con unas cuantas piezas o las reciben como pago de servicios o regalos, e incluso las encargan bajo “pedido”. Ello significa que los saqueadores salen a sitios arqueológicos conocidos y bien detectados porque no tienen custodia, escarban toda la noche y regresan por la mañana, esto ocurre sobre todo en la zona maya.
Este tipo de destrucción deja los sitios sin posibilidad de trabajarlos, los objetos pierden su valor y quizá solo valen por lo raro de los materiales en que se fabricaron o su belleza.
Existen saqueadores conocidos, es el caso de Leonardo Patterson, que extrajo piezas de un sitio llamado Manatí, en Veracruz, se trata de esculturas de madera y han pasado por varios países hasta llegar a Múnich, Alemana.
Paterson es un conocido coleccionista de origen costarricense, que extrajo ilegalmente las piezas. En el mercado internacional cada una costaría 100 mil euros (unos 147 mil dólares). El INAH inició un juicio desde hace 10 años a través de un bufete de abogados alemanes, las piezas se encuentran todavía en la Archäologische Staatssammlung München (Colecciónón Estatal Arqueológica), cuyo director, Rupert Gebhard, estuvo presente en la entrega a México de las piezas, lo que ocurrió el 20 de marzo, también se encontrarán representantes de la Oficina Federal Alemana de Criminalidad, que decomisó esos objetos y que se entregaron a María Villarreal, coordinadora de Asuntos Jurídicos del INAH, que viajó a Múnich para recibir y traer estas piezas olmecas que datan del 1500 antes de Cristo.
