Pocas personas saben que el presupuesto de una universidad pública, como la Universidad Autónoma de Querétaro, está compuesto principalmente de tres fuentes: subsidio federal, subsidio estatal y recursos propios. No es secreto que las instituciones públicas de educación superior (IPES) cursamos desde hace varias décadas con un presupuesto insuficiente, que algunas IPES atraviesan crisis financiera y que no existe un plan estratégico para mejorar la situación. El subsidio federal va en declive, por debajo del índice inflacionario, los fondos federales concursables se extinguen, el subsidio estatal es variable pues depende de la voluntad política del gobierno en turno y las fuentes de generación de recursos propios son escasas.
A todo esto se suma una obligación incumplida por parte de las autoridades de gobierno: la gratuidad. La educación gratuita está consagrada en la Constitución Mexicana, artículo tercero y abordada en los artículos 48 y 119 de la Ley General de Educación y 66 de la Ley General de Educación Superior. Las leyes explican claramente que la gratuidad es obligación en concurrencia de los gobiernos federales, estatales y municipales, sin merma de las finanzas de las IPES. Lo anterior no exime a las universidades de fortalecer sus recursos propios a través de proyectos y servicios diversos. Sin embargo, el subsidio dista mucho de ser suficiente y las IPES requerimos del cobro de cuotas escolares. Es cierto que los montos deben ser razonables y solo complementarios, el mayor esfuerzo debe centrarse en la diversificación de la oferta de servicios académicos y sociales. No obstante, las IPES -particularmente las universidades públicas estatales (UPES)- recuperamos recursos de cuotas escolares. Aquí el dilema de las becas de posgrado.
CONAHCYT, con su nuevo Sistema Nacional de Posgrado, ha establecido Lineamientos en donde, además de clasificar discrecionalmente los programas de posgrado, exige que las IPES que aspiren a recibir becas deben aceptar el acuerdo de gratuidad. Ese acuerdo NO se refiere a la disminución paulatina de las cuotas en concordancia al recurso recibido por parte de los gobiernos federales o estatales. No, al contrario. Se refiere a que las IPES dejemos de cobrar cuotas así nada más, sin estrategia presupuestal. Es decir, transfiere a las IPES la carga de la gratuidad que le corresponde a los gobiernos.
Por si fuera poco, el recurso para posgrados no está contemplado en el subsidio, la nómina de posgrado se cubre con recursos propios. Así entonces, CONAHCYT condiciona las becas de posgrado -derecho y beneficio de las y los estudiantes- a que las IPES, particularmente las UPES, renunciemos al derecho y a la lucha por un presupuesto oportuno y suficiente. Sin duda la gratuidad es la meta que buscamos, pero no a costa de comprometer la viabilidad de las universidades.
El derecho a recibir suficientes recursos es irrenunciable. No para la propia universidad, si no para las generaciones de jóvenes que hoy estudian en las universidades y las que están por venir. Significa seguir luchando para garantizar que en un futuro -esperemos no muy lejano- en verdad exista un plan estratégico de soporte económico para las IPES, que coordine la suficiencia a través de los subsidios federal, estatales y recursos propios. Que permita que las IPES podamos crecer para incrementar la matrícula con programas e infraestructura de calidad, que permita que continuemos sirviendo a la sociedad mexicana a través del conocimiento, del arte, de la cultura, de la innovación. Que permita que el desarrollo de conocimiento e investigación incida verdaderamente en la solución de los problemas que aquejan a nuestra gente. Que nos permita ser factor de cambio y transformación para lograr una sociedad más equitativa e igualitaria.
Para eso es el recurso universitario, el que no debe regatearse ni condicionarse.