Cuando el lector tenga en sus manos esta columna, la controversia sobre el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ya habrá sido votada en la corte. Las decisiones tomadas en estos momentos no solo están transformando el Poder Judicial, sino que también pueden marcar un antes y un después en la historia política de México. La pregunta que flota en el aire es: ¿quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta reforma?

En el contexto de esta reforma, es innegable que Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hace poco fue el presidente más polarizante del país, dejó una huella imborrable en el sistema judicial. Aunque se presentó como un respetuoso de las decisiones de los jueces, su legado está teñido de un creciente encono hacia la Suprema Corte. A pesar de que acató sentencias que iban en contra de sus ambiciones, esa actitud de aparente respeto se convirtió en la chispa de un fuego que hoy amenaza con consumir la independencia judicial.

Este proyecto de sentencia, que promete revertir los puntos mas cuestionados de la reforma de MORENA, como volver a garantizar la inamovilidad de jueces y magistrados, se presenta como un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Sin embargo, ¿realmente es una victoria para la justicia, o es solo una maniobra para afianzar el control político sobre el sistema judicial?

La sentencia que mientras escribo, se discute en la corte también mantiene la elección popular de Ministros de la Corte y Magistrados Electorales, lo que podría parecer un avance hacia la democracia, pero que en la práctica abre las puertas a una mayor politización de la justicia. ¿Estamos preparados para ver cómo la justicia se convierte en un campo de batalla electoral?

Todo parece indicar que el proyecto de sentencia del ministro Carranca, que más bien se asemeja a una decisión salomónica, seguramente se aprobará. Esta decisión no solo revertirá parte de la reforma impulsada por el actual gobierno, sino que también nos dejará en un justo medio, donde las tensiones entre el poder político y la justicia se disipen temporalmente.

Ahora, Claudia Sheinbaum se encuentra en la encrucijada más importante de su carrera. Con la espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, la presidenta tiene ante sí una decisión trascendental: ¿mantendrá el estado de derecho o se dejará llevar por el deseo de venganza que ha permeado el entorno político? La aceptación o el rechazo de la sentencia votada no es solo un trámite; es un acto político que definirá su legado.

Si decide seguir el camino de la legalidad, Sheinbaum enviará un mensaje claro sobre la importancia de la independencia judicial. Pero si elige violentar este principio, corre el riesgo de desestabilizar las bases de nuestra democracia y abrir la puerta a un futuro sombrío, donde el Poder Judicial no sea más que un eco de las decisiones políticas.

La supremacía constitucional, un pilar fundamental de nuestra nación, se ve amenazada. La historia nos ha enseñado que ceder ante la tentación del poder puede tener consecuencias devastadoras. La decisión que se tomó en las últimas horas o días no solo afecta a los actores involucrados; tendrá repercusiones en la vida de millones de mexicanos.

El proyecto del ministro Carranca no es solo una propuesta de reforma; es un campo de batalla ideológico que definirá el futuro del sistema judicial en México. Este es un momento decisivo que podría determinar el rumbo de la democracia en el país.