Está de gira Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, acompañada por el presidente López Obrador, y este fin de semana se ha abordado en sus recorridos un tema crucial: la Guardia Nacional. La discusión ha vuelto a centrarse en la intención del presidente de integrar formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este movimiento, contemplado en el "Plan C", implica que, en septiembre, cuando MORENA tome la mayoría en las cámaras, se enviarán reformas constitucionales para legalizar esta incorporación.

Actualmente, la Guardia Nacional, aunque nominalmente civil, ya está militarizada de facto. La Auditoría Superior de la Federación reveló en noviembre de 2023 que el 89% de los elementos operativos de la Guardia Nacional provienen de la Sedena o de la Marina. Esto significa que 71,000 de los 97,800 efectivos actuales son militares activos asignados a la Guardia Nacional, mientras que solo 10,000 son elementos civiles.

Esta situación plantea serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de la Guardia Nacional y su mandato. La Constitución prohíbe que un militar esté al mando de esta fuerza, pero la realidad ha sido otra. El ejemplo está en los generales que renuncian a sus cargos en las fuerzas armadas un día, para asumir el mando de la Guardia Nacional al siguiente, lo que socava el principio de mando civil y sugiere una militarización encubierta. Durante estos años nos han dado gato por liebre, y hoy su propuesta es dejar de disfrazar el engaño y mostrarse de cuerpo entero.

El objetivo de pasar la Guardia Nacional a la Sedena es claro: formalizar una realidad ya existente. Sin embargo, esta acción no está exenta de controversias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional una medida similar hace unos años. Ahora, con una mayoría calificada en el Congreso, el presidente López Obrador intenta nuevamente consolidar esta transición.

La creación de la Guardia Nacional se justificó como una medida para pacificar un país azotado por la violencia. Sin embargo, su desempeño ha sido cuestionado. En lugar de enfocarse en la seguridad pública, gran parte de sus esfuerzos se han destinado a controlar la migración en la frontera sur, una tarea que muchos consideran fuera de su mandato original. Además, su incorporación a la Sedena plantea preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y un cambio en el tratamiento jurídico de sus elementos.

El debate sobre la militarización de la seguridad pública no es nuevo. Históricamente, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna ha sido un tema polémico. Mientras algunos argumentan que la militarización es necesaria para enfrentar el crimen organizado, otros sostienen que esta estrategia puede exacerbar la violencia y las violaciones de derechos humanos. Sin lugar a duda, en esta encrucijada los más confundidos son los militantes de Morena, esos que hace algunos años llamaban a no militarizar el país, y hoy, hacen maromas para defender su propuesta.

Maromas para justificar la administración de López Obrador, que ha defendido la militarización como una solución pragmática a la inseguridad. Sin embargo, esta estrategia no ha logrado reducir significativamente la violencia y ha generado nuevos problemas. La presencia militar en las calles puede proporcionar una sensación de seguridad a corto plazo, pero a largo plazo, puede socavar la confianza en las instituciones civiles y debilitar el estado de derecho.

Con la integración formal de la Guardia Nacional a la Sedena, México se enfrenta a una encrucijada. Esta decisión no solo afecta la estructura de la seguridad pública, sino que también tiene implicaciones profundas para la democracia y los derechos humanos en el país. La militarización de la seguridad pública puede ser una solución tentadora en tiempos de crisis, pero es esencial considerar sus efectos a largo plazo.

En septiembre, cuando el nuevo Congreso federal asuma funciones con una mayoría calificada, seguramente, en lugar de ver un debate intenso, veremos un pase en fast-track sin observar las implicaciones de estas decisiones, que son profundas y deberían merecer una discusión cuidadosa y reflexiva. La seguridad es una prioridad, pero debe abordarse de manera que respete los principios democráticos y los derechos humanos.

La Guardia Nacional, creada para enfrentar los desafíos de seguridad, ha evolucionado hacia una entidad predominantemente militar. La formalización de esta realidad plantea preguntas sobre el futuro de la seguridad pública en México y el equilibrio entre las fuerzas civiles y militares. Este debate es crucial para definir el camino hacia una paz duradera y justa en el país. La discusión no solo debe centrarse en la eficiencia operativa, sino también en la protección de los derechos y la preservación de la democracia.