Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), la política cultural sufrió una importante inflexión, es decir, comenzó un proceso de modernización: las culturas rurales y tradicionales dieron paso a las culturas urbanas. No obstante, aunque los presupuestos destinados a la cultura se habían incrementado, en este sexenio comenzaron a reducirse, aunque también las instituciones culturales se organizaron nuevamente.
Hacia 1943, Jaime Torres Bodet, otra figura importante de la política cultural mexicana, fue nombrado secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La docencia artística, la difusión cultural y la formación de artistas se potenciaron bajo el paraguas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), creado en 1946. Asimismo, se incorporaron varias instituciones culturales a la estructura institucional. En el contexto del proceso de modernización y apertura, se alentaron eventos culturales de carácter más cosmopolitas y contemporáneos.
Los intentos de estructurar el campo cultural (1958-1976)
Al período comprendido entre 1958 a 1976, en donde se registró un fuerte crecimiento económico, se le denominó “El milagro mexicano”. En este contexto, Torres Bodet anunció la creación de la Subsecretaría de Asuntos Culturales de la SEP. Los presidentes de la República manifestaron su fascinación por retratar a México como un país dinámico y moderno, gracias y a través de su cultura. La cultura fue vista como una extensión del bienestar social, como ocurre en el modelo de Estado Arquitecto, del cual hablamos en este espacio anteriormente.
Asimismo, el gobierno tuvo una mayor injerencia en el contenido de los medios de comunicación, sobre todo en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, su intervención fue muy importante. México también realizó destacados esfuerzos para articular su política cultural con los países extranjeros, siguiendo las recomendaciones de la Unesco. Bajo esta tónica, entre 1960 y 1970 se crearon alrededor de 20 organizaciones culturales nacionales: museos, fondos, empresas de teatros, centros culturales, etc. Sin embargo, la crisis política y económica y la movilización civil, coronada trágicamente con la masacre de estudiantes en 1968, cambiaron la capacidad de acción del gobierno.
El Estado ya no era la única institución para realizar acciones culturales. Por citar dos ejemplos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también jugaron un papel importante. El entonces presidente Luis Echeverría (1970–1976), tratando de marcar distancia de su sucesor, elevó los presupuestos educativos y culturales y redujo la censura. En 1970, la Subsecretaría de Asuntos Culturales se convierte en la Secretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar. Como se puede inferir en la denominación de la institución, la promoción de la cultura volvió a ser localista, nacionalista y popular.
Durante el gobierno de López Portillo se crearon varias instituciones culturales y se incrementó la burocracia. Al historiador Enrique Florescano, el Estado le encomendó varias misiones a instituciones culturales sin direcciones claras. Para Carlos Monsiváis, se condujo a este poder delegado a convertirse en un poder autónomo, lo que a su vez generó políticas particulares que iban en contra de los intereses y demandas generales. En contraste, varios intelectuales exigieron que el Estado cambiara esta situación.
¿Cuáles fueron los factores que condujeron a la institucionalización de la cultura nacional? El proceso que condujo a la creación de Conaculta en 1988 fue resultado tanto de la movilización intelectual como de la necesidad de legitimación política. Varias movilizaciones de intelectuales y artistas exigieron una política cultural democrática. Sin embargo, el Estado fue su primer reclutador y no pudieron vivir de sus artes dentro del reducido tamaño del mercado nacional, por lo que solo unos pocos intelectuales destacados expresaron sus demandas y críticas. El factor que desencadenó la movilización intelectual que condujo a la creación de Conaculta y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), fue la fuerte crítica que Luis Echeverría dirigió al INBA en 1975, tildando al instituto de ineficaz y arengando que en dicho instituto el individualismo y el mercantilismo prevaleció. Asimismo, exigió la vuelta a las artes populares y sociales tradicionales y pidió sugerencias para reestructurar el instituto cultural o hacerlo desaparecer. La respuesta vino de Octavio Paz, en una columna de la revista Plural. A decir de Paz, el Estado no debía apoyar tendencias artísticas específicas y crear un arte oficialista. También criticó un proyecto de ley que pretendía crear un consejo para el arte, manchado por la intervención del Estado, intervencionismo estatal, pues. En cambio, propuso la creación de un fondo independiente para apoyar la literatura y el arte y ayudar a los escritores y artistas a crear en el marco de una inmensa libertad estética e ideológica. En un segundo artículo, Octavio Paz convocó a importantes figuras del arte y la literatura y propuso la noción de esencia de una política cultural y los mecanismos del fondo independiente anteriormente propuesto. Los artistas debían encabezar este fondo, el cual debía recibir el 2% del presupuesto de la SEP. Los artistas exigieron que el Estado dejara de ser productor y se convirtiera en promotor de la cultura. Esta exigencia se reformuló seis años después, durante la campaña Miguel de la Madrid.
Campañas electorales y la agenda política
Hacia finales de los años 70 y principios de los 80, las campañas nacionales fueron momentos importantes en la agenda política mexicana. Los candidatos tenían la oportunidad de renovar su discurso para mostrar cambio, modernización y democratización, en contraste con el discurso prevaleciente del PRI. Para la comunidad intelectual y artística, las elecciones fueron un momento para hacerse escuchar por los oídos de los políticos. Para estructurar su plataforma electoral, el PRI creó una organización: el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES). El cual convocó a un foro cultural que fue conformado como un espacio donde se construyeron definiciones, ejes y representaciones de política pública. Por primera vez, se organizó una reunión para discutir asuntos puramente culturales. En aquella ocasión, el historiador José Luis Martínez declaró que, debido a la multiplicación de las actividades culturales y los roles de las organizaciones culturales, se debía crear un órgano rector para delinear y ejecutar la política nacional en el ámbito cultural. Por primera vez, un intelectual formulaba la idea de una institución de gobierno que dirigiera la política cultural. Sin embargo, esta exigencia no se cumplió durante la administración de De la Madrid, la cual estaría marcada por políticas neoliberales y tecnocráticas.
