Veamos ahora cuáles son los recursos que potencia la irrupción de los actores en la arena pública.

Los recursos de los actores

La actividad de los actores y colectivos, considerados como grupos de interés, iniciada por los funcionarios tiene influencia porque los funcionarios pueden emplear su autoridad indirectamente de formas muy versátiles.

Para que un actor influya en los resultados de una política pública o en el proceso de la toma de decisiones, sus acciones deberán de contar con el impacto suficiente para generar efectos relevantes, potenciales o manifiestos, para los demás participantes.

Las capacidades de cada actor son precisamente los recursos con los que cada actor cuenta, y que consisten en la transferencia de un bien cualquiera que tenga un valor potencial o manifiesto para quien lo recibe.

Recursos políticos

Consisten en el grado de consenso que un actor es capaz de movilizar, de suscitar, de impulsar en la arena pública. Este consenso puede definirse a una población o a grupos sociales determinados e implicados en las políticas públicas. El grado de consenso se determina mediante las acciones, elecciones, encuestas, refrendos, y puede ser movilizado y modificado a través de las campañas de información y comunicación, lo que puede cambiar el consenso hacia una política pública en específico. Por ejemplo, en el caso de las casas de la cultura, el consenso del grupo opositor a la venta de éstas afectó a la propuesta inicial y afectó el consenso de la narrativa gubernamental.

Recursos económicos

Consisten en la capacidad de movilizar recursos económicos de cualquier tipo (dinero, apoyos, bienes…) para modificar o influenciar los comportamientos de los otros actores. El factor determinante no radica en quien es poseedor de los recursos, sino lo que esos recursos significan para quienes lo van a recibir.

Recursos legales

Son las posiciones de los actores establecidas por normas jurídicas, designaciones y nombramientos, que otorgan atribuciones a algunos de los actores involucrados, principalmente los que forman parte del Estado. En el caso de Jiménez Patiño, otrora coordinador de promoción de festivales de la Secretaría de Cultura de Querétaro, representa un hito del constitucionalismo metodológico de la administración estatal, error al que ya hemos definido:

· Un actor no puede utilizar los recursos legales que tiene a su disposición por el simple motivo que no le conviene.

· La decisión sobre el uso de los recursos legales depende también de la consideración sobre el resto de los recursos que los participantes pueden poner en juego.

· La ley no es un conjunto de reglas inflexibles que vinculan los comportamientos de todos los habitantes.

· El Estado no es un monolito ni un ente previsible o predecible, está conformado por un conjunto de sujetos institucionales que interactúan de manera compleja y heterogénea, con niveles relativos de autonomía, legitimidad y con sus respectivas orientaciones que en la mayoría de los casos resultan divergentes. Tal es el caso de la creación del Instituto de Artes y Oficios, instancia que de manera insólita comparte funciones y atribuciones con los Centros Culturales Comunitarios, hecho que ha devenido en conflictos y duplicación de funciones.

Recursos simbólicos

Consisten en la disponibilidad de informaciones o de modelos interpretativos relevantes en relación con la implementación de una política pública o con una decisión o acción de gobierno en específico. El conocimiento es un bien necesario para el diseño e implementación de políticas públicas, aunque muchas veces esto no se refleje en las acciones de gobierno.

Quizás en los ejemplos presentados pudo haber sido necesario realizar un esfuerzo inicial para identificar a los actores y sus respectivas organizaciones, comprender sus narrativas y sus performances para invitarlas a ser parte activa del proceso, desde su propia esfera civil. Al igual que el consenso, los recursos económicos o legales, el recurso del conocimiento opera sólo en la interacción entre actores. ¿Cómo se puede utilizar este recurso a favor de las políticas públicas? Es fundamental contar los siguientes requerimientos mínimos:

· Contar con bases de datos, claridad en la información y comunicación estratégica: contar con bases de datos, claridad en la información y comunicación estratégica: ¿Cuántos artistas, colectivos, organizaciones, instituciones del sector público o privado existen en la capital y en los municipios? ¿Es clara la convocatoria del Apoyarte o presenta zonas de incertidumbre que podrían ser utilizadas por algunos actores? ¿Se cuenta con un registro histórico de los anteriores beneficiados, con el fin de no entregar los recursos a los mismo actores?¿Realmente se quiere comunicar la venta de las casa de cultura?

· Los datos deben estar al servicio de los actores institucionales para que los datos se traduzcan en argumentos y conseguir así el mejor impacto para aumentar la percepción positiva sobre lo que se propone a nivel de política pública.

· El conocimiento es relativo. Si se lleva a cabo de manera sistemática la presentación de datos y la construcción de los argumentos, es necesario identificar a los actores que intervienen en la interacción, discernir sus características específicas y comprender sus dinámicas y performances.

Los tipos de actores

Los actores políticos

Basan su intervención en los procesos de decisión sustentados en la representación ciudadana, de que gozan de un consenso significativo, ya sea en términos generales o, como en nuestros ejemplos, a las cuestiones de la esfera artística-cultural. Estos actores prestan atención a los vaivenes de la opinión pública, a los factores que beneficien o afecten al consenso que los beneficia como recurso político y a su popularidad. La acción de estos actores se traduce en la búsqueda de aliados para seguir amplificando el consenso y ampliando la representatividad ciudadana.

Los actores burocráticos

Basan su lógica o propósito de intervención en la consideración de que las reglas legales les confieren una responsabilidad determinada en el proceso de implementación de política pública o proceso de decisión de gobierno. Disponen de la competencia formal y manifiesta para intervenir a partir de la llamada legitimidad legal-racional.

Los actores con intereses especiales

Basan su intervención en el hecho de que su elección racional entre alternativas incide directamente en sus intereses, sea por el coste que esto conlleva o por la posibilidad de obtener beneficios en un área específica. Aquí encontramos a los docentes e instructores de las casas de cultura, al personal de servicio, a los dramaturgos que retiraron sus obras de la muestra, a los proveedores de un determinado servicio implicado en la infraestructura institucional y obviamente a los usuarios de los servicios y productos culturales y artísticos, por citar algunos ejemplos.

Los actores que representan intereses generales

Son aquellos que, aún sin contar con legitimidad política o legal, basan su propósito o lógica de intervención en el proceso de políticas públicas y toma de decisiones en el hecho de que representan a intereses particulares o a otros sujetos o intereses que no pueden defenderse por ellos mismos, y que por lo tanto no son capaces de actuar estructuralmente.

Los actores expertos

Son aquellos que basan su intervención en el hecho de que poseen los conocimientos necesarios para estructurar el problema colectivo y, en su momento, formular y proponer las diversas alternativas de acción para resolver el problema.