En franca violación de la ley electoral, candidaturas locales y federales mantienen su propaganda electoral en distintas avenidas de la entidad, como el libramiento Surponiente, Avenida Constituyentes y la carretera México-Querétaro.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 210 se establece que “la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral”.
Sin embargo, pese a dicho requerimiento, durante un recorridos por diversas vialidades constatamos que aún hay espectaculares por la entidad de las candidaturas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y de Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Dichos espectaculares fueron vistos en la carretera México-Querétaro, así como en Avenida Constituyentes; para el caso de Claudia Sheinbaum se trata de espectaculares del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que de Xóchitl Gálvez es de la Revolución Democrática (PRD).
Asimismo, se vieron espectaculares del candidato en común a la presidencia municipal de Querétaro por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Felipe Fernando Macías Olvera, y del candidato Mauricio Cárdenas Palacios, del PAN y PRD. En ambos casos, se trata de propaganda del PAN.
Con base en dicho artículo, también se señala que la propaganda colocada en vía pública deberá retirarse durante los 7 días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. Durante el recorrido, observamos la presencia, aún, de lonas y bardas pintadas con diversas candidaturas.
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En el artículo se refiere que la omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda serán sancionada conforme a la ley, en la que se informa que los partidos políticos pueden ser sancionados con amonestación pública, con multa de hasta 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público, entre otras.