La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) propuso elevar la extorsión a “delito grave”, debido a la enorme problemática que enfrentan los negocios con esta modalidad de inseguridad.
El castigo que debe imponerse debe ser ejemplar, disuasivo, que evite la idea de impunidad al hacerlo, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
Indicó que, amén de los costos humanos y materiales, consecuencia de la inseguridad, ésta también impulsa la inflación alimentaria en el país, elevando los precios de los productos y alimentos de consumo popular.
“Por ello el tema es materia de preocupación del pequeño comercio y, con la intención de procurar un ambiente de paz en carreteras y ciudades que permita realizar actividades económicas y comerciales en condiciones de seguridad, como siempre debió haber sido”, indicó.
Dada la relevancia que tiene la extorsión como uno de los principales problemas de seguridad, el organismo privado, incluso, pide que se haga una campaña de gran calado, denominada “Jornada nacional contra la extorsión”, en la que participen escuelas, iglesias, organismos intermedios, clubes, juntas vecinales y demás organismos sociales en donde se difunda información sobre el delito de extorsión, dando a conocer el grave daño que ocasiona a la economía y la convivencia del país.
“Esta campaña debe correr tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales, impresos, televisión, radio, cines, proponiéndose el pequeño comercio como amplificadores de esta campaña en todos los rincones del territorio nacional”, explicó.
En paralelo, propone la creación de un “Tribunal de denuncia ciudadana en redes sociales”, tras el fracaso de las campañas de denuncia y los programas de denuncias anónimas.
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La idea es que se organicen en redes sociales muros de denuncia que sean atendidos por las autoridades, en donde cada publicación realizada sea motivo de una indagación oficial por las procuradurías, de modo que las personas establecen su propio mecanismo de denuncia, quedando ahí registrado lo que va pasando en las comunidades.
Junto a ello, piden promover organizaciones comunitarias de vecinos que defiendan sus intereses y se mantengan atentos a cualquier notificación o alarma que se presente en su área a fin de que todos actúen de manera conjunta, y haya una dependencia gubernamental responsable de convocar, registrar y georeferenciar estos grupos de manera oficial.