En sesión extraordinaria, el Consejo general del Instituto Electoral del Estado del Estado de Querétaro (IEEQ) consideró inexistentes dos denuncias presentadas contra el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Carrera e interpuso sanciones económicas contra tres candidatos y los partidos que los postularon: Roberto Sosa Picardo, a la alcaldía de Corregidora; Liz Selene Salazar, a Jalpan de Serra y María Gabriela Moreno Mayorga, candidata a Corregidora.
Las multas sumaron 348 mil 435.8 pesos y se distribuyeron de la siguiente manera: 99 mil 621.6 pesos contra el PAN y 188 mil 604 contra sus candidatos. Contra el PRD se interpuso sanción por 44 mil 88.2 pesos y contra Movimiento Ciudadano por 16 mil 122.
En los dos procedimientos contra Guillermo Vega Guerrero, en San Juan del Río, se resolvió inexistente el uso de programas municipales para promoción electoral, determinación que se votó con cinco votos a favor y uno en contra, este del consejero Luis Espíndola, quien aseveró que existían elementos para que el Consejo indagara sobre el posible uso clientelar de programas sociales y la confusión que pudo causar en el electorado el hecho de que se elaboró un padrón de datos de los beneficiarios. Al tiempo remarcó que el tema debió indagarse toda vez que el clientelismo electoral afecta los procesos electorales.
Se revisaron dos expedientes contra Roberto Sosa Pichardo, en su calidad candidato a la alcaldía de Corregidora, el primero; presentado por el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante el consejo Distrital VII, en el que se advierte de publicidad en equipamiento urbano, en específico, señalizaciones viales y la columna del puente de El Pueblito.
El Consejo interpuso sanción por 39 mil 494 pesos contra Roberto Sosa, 49 mil 166 contra el PAN, y al PRD y Movimiento Ciudadano se les fijó una amonestación.
El otro caso contra Sosa Pichardo derivó del presunto uso de imágenes religiosas en su página de internet, y la aparición de menores en la publicidad. La multa ascendió a 89 mil 143.6 pesos contra el candidato.
En el caso contra la candidata Liz Selene Salazar Pérez, el representante del PRI ante el consejo Distrital XV denunció el uso de niños y adolescentes en propaganda. La consejera María Pérez Zepeda argumentó que si bien, la candidata sostuvo que la aparición de los menores fue espontánea, su imagen no debió ser usada en la propaganda, sobre todo porque carecía de la autorización de sus responsables legales. Las multas fueron por 59 mil 966.4 pesos contra el candidato, 50 mil 455.6 contra el PAN, 44 mil 88.2 contra el PRD y 16 mil 122 contra Movimiento Ciudadano.
En los casos que la sanción involucró a Movimiento Ciudadano, el representante del partido solicitó que se analizara que los anuncios denunciados sólo contenían imagen del candidato y Acción Nacional, por lo que no debería sancionarse a su partido, ante lo que el consejero Luis Espíndola sostuvo que se trata de candidatos respaldados por MC, incluso económicamente, por lo que el partido debe estar involucrado en que la publicidad respete los lineamientos.
En el expediente contra la candidata a la alcaldía de Corregidora, María Gabriela Moreno Mayorga, el procedimiento lo interpuso el representante de la candidata independiente Rebeca Mendoza Hassey, ante el consejo Distrital VII, al considerar que la candidata colocó publicidad en un templo.
El consejero Luis Octavio Vado Grajales sostuvo que al acudir al lugar, se encontró cerrado, pero que se apreciaba como un templo, afuera del que se encontró una leyenda religiosa. El consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano, añadió que se encontraron leyendas sobre los servicios religiosos.
El consejero Luis Espíndola sostuvo que la resolución cayó en inconsistencia argumentativa y probatoria, toda vez que no puede basarse una multa en que un edificio “aparenta ser templo religioso”.
La representante de MORENA manifestó que todos quienes viven en Corregidora saben que se trata de una bodega, y no de una iglesia, mientras que el representante del PT sostuvo que incluso se presentó el contrato de la bodega y que el dueño simplemente no se ha preocupado por cambiar la apariencia de la fachada.
El consejero Vado Grajales afirmó que no encontró en el expediente de declaraciones notariales en las que vecinos afirmaran que el edificio no era iglesia y que el contrato que se presentó tenía una dirección diferente a la que aparecía en la denuncia.
El análisis del procedimiento concluyó cuando, con cinco votos a favor y uno en particular, el del consejero Luis Espíndola, se determinó aplicar amonestación pública contra la candidata y el Partido del Trabajo, no así contra Encuentro Social y Movimiento Regeneración Nacional.
