El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, acompañó a la secretaria de Desarrollo Social, Diana Yadira Pérez Mejía, en la entrega de la entrega de 158 escrituras públicas en aquella demarcación.
De las escrituras entregadas, 147 fueron para beneficiarios individuales, mientras que 11 correspondieron al municipio de Corregidora, incluyendo áreas de donación y vialidades. Entre los favorecidos se encuentran 150 ciudadanos de las colonias Luis Donaldo Colosio, Los Pinos, José María Truchuelo y La Mina.
En su oportunidad el alcalde de Corregidora agradeció estas acciones impulsadas por el Gobierno Estatal, que representan un paso significativo hacia la consolidación del derecho a la propiedad y el acceso a servicios básicos para los ciudadanos, lo que en última instancia contribuirá a la mejora de la calidad de vida de más de 150 familias.
"Hoy es un día de fiesta, hay que estar muy contentos porque después de tantos años van a dormir más tranquilos, ¿y saben por qué?, porque hoy se van a llevar por fin ese papel que les da certeza jurídica de su patrimonio familiar y por supuesto, que debe de llenarles de emoción y de gratitud que hayan cumplido esa meta", señaló Sosa Pichardo.
De acuerdo con las autoridades estatales, este es un esfuerzo conjunto para proporcionar certeza jurídica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Durante la entrega, Pérez Mejía destacó la importancia del programa de Regularización Territorial, que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de la propiedad para todos los ciudadanos, un paso fundamental para el desarrollo social.
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"Damos continuidad al programa de Regularización Territorial pensando en que todas las personas deben tener certeza jurídica y ese es el primer paso desde desarrollo social para que después se pueda dotar de servicios básicos, de vialidades y que puedan tener mucho mejor desarrollo", comentó.
El programa de Regularización Territorial es una iniciativa clave para el ordenamiento territorial, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho a la propiedad con la acreditación legal del lote en el que viven. Con estas acciones, se espera no solo garantizar la seguridad de los patrimonios familiares, sino también impulsar el desarrollo integral de las comunidades beneficiadas.