La diputada local Leticia Mercado Herrera denunció que más de 400 familias en la zona de Montenegro, La Cantera y La Luz en Santa Rosa Jáuregui sufren por la falta de agua, por lo que exhortó a los diputados locales a sumarse a la exigencia de garantizar este derecho humano.

Aseguró que la falta de agua que padecen las familias de esa delegación, las obliga a cooperarse para contratar pipas que cuestan más de 700 pesos y les significa un gran gasto por las condiciones económicas que enfrentan.

“El agua llega una vez a la semana, las familias se tienen que cooperar para pagar la pipa. No es posible que seamos omisos que sólo veamos recaudar, recaudar sin dar esos servicios a familias completas, a lugares completos”, insistió.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) urgió a las autoridades estatales a respetar la constitución mexicana que establece el derecho, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

“Es lamentable que este derecho humano básico no se encuentre garantizado para todas las personas y que hoy existan comunidades en Querétaro que no tienen acceso al agua potable, poniendo con ello en riesgo la vida y salud de las familias afectadas”, denunció.

Consideró preocupante que “la actual administración pública municipal continúe sin atender la grave problemática en la que se encuentran las comunidades de Montenegro, La Cantera y La Luz, en Santa Rosa Jáuregui, que no cuentan con el servicio del agua potable”.

“Limitar el acceso al agua potable es limitar un derecho humano que debe ser garantizado para todas las personas, por lo que ninguna autoridad puede ser omisa ante esta situación tan grave, por eso, hago un llamado a la administración pública municipal a que cumpla con su responsabilidad de dotar de estos servicios básicos primordiales a estas familias y comunidades afectadas”, declaró.

Mercado Herrera dijo que de acuerdo con los propios vecinos, un factor de la falta de agua es que estas zonas habitacionales no se entregaron de manera formal a la administración municipal capitalina, lo que dificulta atender sus necesidades.