El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro ha manifestado su oposición a la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, argumentando que esta medida no garantiza una mayor legitimidad ni calidad en la función judicial.
Mayela Portos, presidenta del Colegio, expresó su preocupación por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que pretende implementar el Ejecutivo Federal.
En ese sentido, señaló que esta reforma no ha considerado la Ley Federal de Consulta Popular, consagrada en la Constitución Política de México. La presidenta del Colegio lamentó que no se haya realizado una consulta popular sobre un tema de tanta trascendencia para la nación.
De acuerdo con Portos, la reforma propone la elección por voto popular directo y la sustitución de más de mil seiscientos ministros, magistrados, juezas y jueces de distrito, lo cual considera un atropello.
Portos afirmó que la destitución y el despido de estos funcionarios serían autoritarios, antidemocráticos y sin argumentos sólidos, ya que las acusaciones de corrupción y malos manejos del Poder Judicial no han sido probadas.
La presidenta del Colegio destacó que los abogados litigantes conocen de cerca el trabajo de los jueces y juzgadores, y temen que la elección popular pueda llevar a la entrada de actores políticos de dudosa capacidad.
El gremio de abogados, con 52 años de existencia y presencia en los 18 municipios de Querétaro, enfatizó que la elección de jueces y magistrados no asegura la calidad en su desempeño y decisiones.
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La presidenta del Colegio subrayó que la justicia no se da por aclamación y que los jueces no deben buscar popularidad. En el ámbito jurídico, los juzgadores deben ser independientes de las mayorías para garantizar los límites impuestos por la Constitución, incluso cuando estos sean contrarios a los intereses de las mayorías.
Portos recordó que el PJF se compone de 1,496 órganos jurisdiccionales y administrativos, con un personal de 54,388 servidores públicos. En 2022, el PJF resolvió 1,214,806 casos de los 1,256,077 asuntos ingresados, lo que significa que cada juzgador resolvió un promedio de 762 asuntos durante ese año.
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