Mayra Dávila, representante legal de la colectiva ADAX Digitales A.C., criticó duramente a la Fiscalía del Estado, señalando que continúa iniciando carpetas de investigación por aborto, desmintiendo la supuesta despenalización de este tipo de casos en la entidad.
“Es lamentable que la fiscalía continúe sosteniendo un discurso de supuesta despenalización cuando existen múltiples casos recientes que demuestran lo contrario”, afirmó.
En respuesta a los argumentos de la fiscalía sobre que no se abren carpetas de investigación por aborto, Mayra Dávila mostró pruebas de un caso reciente del 14 de octubre, en el que se abrió una investigación por aborto.
Lo anterior luego del caso de una menor identificada como Esmeralda "N", víctima de violación y ahora acusada de homicidio, Mayra Dávila destacó que la menor, víctima de abuso sexual, no recibió una defensa adecuada desde el inicio, y afirmó que la fiscalía había decidido no ejercer la acción penal en contra del agresor sin una investigación completa.
“No es posible que en un caso de violación a una menor de edad se le haya dejado sin la atención adecuada, y que al mismo tiempo se le trate de obligar a esclarecer aspectos que le corresponden a la fiscalía”, enfatizó.
La representante de ADAX Digitales reveló la existencia de un dictamen pericial elaborado por la defensa de Esmeralda “N”, que concluye que el feto murió en el útero por hipoxia fetal, en contraste con los argumentos de la fiscalía, que sostiene que hubo un homicidio.
“La conclusión es que se trata de un feto in útero reciente con malformaciones congénitas, la manera de muerte natural y el mecanismo asfixia prenatal o hipoxia fetal crónica, son los resultados de un metaperitaje”, aseguró.
La representante de ADAX Digitales también arremetió contra la postura de las autoridades locales, acusándolas de emplear métodos médicos obsoletos y de basar su peritaje en estudios limitados.
“Lo que no dicen es que la metodología que emplean para este caso es de los años 70, y que el perito no tuvo acceso al producto de la gestación para realizar una evaluación precisa”, subrayó Dávila.
Además, denunció que el agresor, quien es menor de edad y padre del producto, continúa sin enfrentar las consecuencias del delito, mientras que la menor permanece en arraigo domiciliario y sin acceso a educación.
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La activista enfatizó la falta de intervención oportuna en las denuncias y la negligencia de la fiscalía en el proceso de investigación, que dejó a la víctima en completa indefensión.
