En respuesta a la sentencia dictada por el Tribunal Agrario sobre un conflicto que data desde hace más de 50 años, autoridades de los gobiernos estatal y federal se comprometieron a cumplir con el pago de una indemnización a los integrantes del ejido San Pablo.
Esto se determinó durante una reunión que los ejidatarios sostuvieron con el secretario general de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, y funcionarios del Gobierno federal, donde se precisó que se va a atender la sentencia del Tribunal Agrario.
El funcionario estatal acordó con los ejidatarios que se esperará el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). En ese sentido, indicó que los peritos iniciarán los trabajos desde el lunes 17 de junio y se espera que el avalúo se concluya en un lapso de un mes, para que las partes puedan establecer directrices claras para la resolución de este conflicto.
Alcaraz Gutiérrez instó a los ejidatarios a mantener un diálogo permanente y a seguir las mesas de trabajo desde el punto de vista legal, dejando de lado las cuestiones sociales y políticas mientras transita el proceso del avalúo.
"Es un tema en el que estamos comprometidos, solamente les pedimos el tiempo para que el Instituto defina, es una entidad independiente y, a partir de ello, definir los criterios financieros que se requieran. Ya estamos en proceso de cerrar; una vez que esté el avalúo, incluso se convierte para nosotros en un instrumento para poder hacer las gestiones financieras al interior de gobierno”, comentó.
En esta reunión estuvieron presentes el representante de la Secretaría de Gobernación, Salvador Villafuerte Santoyo; el representante de la Procuraduría Agraria en Querétaro, Hugo Edgardo Delgado Altamirano; el apoderado legal de los ejidatarios, Nicolás Rico Bañuelos; la presidenta del ejido, la comisariada María de la Luz Ramírez Granados y los ejidatarios Rocío Vidal García, Eustolia Pérez Ramírez, Fernando López Morales, Francisco Ortiz Baltazar, Alicia Guzmán Ramírez y Horacio Pérez Ramírez.
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En junio del año pasado, los integrantes del ejido San Pablo exigían al Gobierno del estado la indemnización de los terrenos ocupados en Boulevard Bernardo Quintana, que corresponden a 4.2 hectáreas.