Las víctimas del fraude de Yox Holding están en la incertidumbre económica y legal. Y es que a la pérdida del dinero que invirtieron en la estafa orquestada por el ciudadano venezolano Carlos Lazo, se suma la negativa de las autoridades queretanas para recibirles las denuncias penales en contra del empresario.

Los problemas para los afectados empezaron previos a la navidad de 2023, cuando tras no recibir en sus cuentas el depósito mensual por los rendimientos de sus inversiones, y ante creciente ola de rumores sobre un fraude, el empresario les envío dos comunicados, en uno les decía que los depósitos no se habían hecho porque unos empleados se habrían fugado con la información pero que se crearían unos fideicomisos para pagarles, y el segundo se justificaba que porque sus propiedades habían sido intervenidas no se había podido constituir el fideicomiso.

Desde ahí, nadie ha querido hacerse cargo del problema y han dejado solos a los afectados y sus abogados, pues lo primero que desapareció fue la oficina que tenían montada en el complejo Central Park, y los promotores desactivaron sus contactos con los inversores que habían enganchado.

Y cuando acuden a interponer denuncias penales para que se persiga el caso de manera local, en la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) ni les reciben las denuncias ni los atienden, cuentan a Diario de Querétaro las abogadas Olimpia Puente Pineda, Estephani y Pamela Majul, del despacho Puente, Majul y asociados, quienes han recurrido a la Contraloría del estado para denunciar la negativa.

Ellas representan a 45 pequeños inversionistas afectados en el estado de Querétaro, quienes desde enero pasado han solicitado la intervención de las autoridades locales, sin éxito alguno.

“Lo grave es que en Querétaro es el único estado donde nos encontramos que nos están violentando los derechos fundamentales de todas las víctimas: el derecho legítimo al acceso a la justicia, principalmente, y a una legítima defensa”, narró Olimpia Puente.

La defensora explicó que, incluso, en la Fiscalía 5, fueron desalojadas por elementos policiacos.

“El estado de Querétaro no las quiere recibir, o sea, se están negando a recibirlas, cuál es el argumento o como justamente dijo que tiene órdenes expresas la licenciada María de la Luz Pérez Pérez, sí que tiene órdenes expresa de no recibir ninguna querella por el caso Yox”, explicó.

Los representados de la firma están reclamando un estimado de 34 millones de pesos, y en su mayoría son personas de la tercera edad, pensionados o jubilados que invirtieron sus ahorros en este proyecto.

De acuerdo con sus pesquisas, en el entramado participaron estudiantes de universidades privadas que actuaron como enlaces para enganchar a sus compañeros y estos, como en todos los esquemas piramidales, invitaron a sus familiares.

Ante la negativa de las fiscalías, cuentan, intentaron acudir directamente con el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, con el mismo resultado negativo a pesar de tener cita.

“(Estuvimos) esperando al fiscal Alejandro y simple y llanamente su secretaria particular, después de tenernos horas y horas en antesala, el fiscal en todo momento se negó a bajar y sólo nos decían: “Ya viene, ya viene, ya viene”… nunca se apareció el fiscal, estuvimos todo el día, todo el día perdido, estaba sin comer, estábamos aguantando tratos injustos por parte de su secretaria, por parte de toda la Fiscalía que simplemente sólo querían que nos fuéramos para no darnos una respuesta y no querer recibir no las querellas”, comentó Estephani Majul, al recordar el episodio, .

Y mientras a los afectados y sus representantes legales se les cierra la posibilidad de que puedan interponer una demanda directamente ante el poder judicial queretano, el viernes 23 de febrero, fueron citados por la Secretaría General de Gobierno en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Ahí, cuentan las abogadas, las víctimas fueron recibidas por una persona que presuntamente trabaja bajo la figura de “pro bono” para la dependencia estatal, y quien les ofreció la asistencia legal, aun cuando algunos de los afectados ya cuentan con dicha representación, también bajo la misma figura.

“Citaron a los afectados y les dijeron: “Nosotros los vamos a representar, nos van a dar un porcentaje de lo que se recupere y me van a traer todos estos documentos”… eso es lo que a mí me preocupa, a los abogados particulares nos niegan el legítimo derecho a una defensa, a un acceso a la justicia y qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación con todo esto, está captando o tiene algún interés que yo desconozco”, cuestionó Puente Pineda.

Con más de 30 años de ejercicio legal, y con representación de afectados en todo el país a través de despachos asociados, Olimpia Puente señala que en Querétaro es el único estado en el que se ha negado la recepción de las denuncias.

De hecho, según las estimaciones que como despacho consultor legal han realizado en todo el país, se estima que inicialmente hay más de 40 mil pequeños inversionistas que han sido afectados.

• DIARIO DE QUERÉTARO (DQ).- ¿Qué puede pasar con estas personas que están en indefensión jurídica?

OLIMPIA PUENTE (OP).- Mira evidentemente nuestro director general, como eminente en la materia penal, dijo: “No hay problema, lo vamos a sacar de tu jurisdicción”, es decir, Querétaro, porque se niegan a darnos acceso a la justicia y las vamos a presentar en la Ciudad de México, que no es lo correcto… insisto, los hechos ocurrieron en Querétaro y, en materia penal, los hechos deben de conocerse en donde ocurrieron.

• DQ.- Ahora, de acuerdo con algunas de las cláusulas del contrato o una de las cosas del contratos se establece que cualquier cuestión legal se tiene que dirimir en el distrito penal de Guadalajara.

OP.- Sí, pero estamos hablando de dos temas diversos, uno es el contrato que se va a conocer en materia mercantil, es cierto, sí, y claramente el contrato dice que renuncian a su fuero del que le competa y que lo conocerá el estado de Jalisco, pero bueno, aquí estamos ante una situación, repito, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo conoce como esquema piramidal.

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Indicó que el objetivo que buscan es que se actúe penalmente en contra de Carlos Lazo, para que se le detenga y, entonces, sí, los defraudados puedan negociar con él para la recuperación de sus inversiones, porque de lo contrario, lo incautado nunca podrá pagar lo reclamado.

“Aquí el tema es que detengan a Carlos Lazo, ese es el tema principal, pero ¿qué hacemos si en Querétaro nos niegan el acceso a la justicia y a la legítima defensa consagradas en la Constitución artículo 14 y 16 constitucional?... Ya emitimos quejas a Contraloría y vamos a recurrir a todas las instancias, si no pueden con su encargo se los voy a decir: renuncien”.