Organizaciones nacionales acusaron al municipio de Querétaro de cometer una grave regresión en materia de derechos humanos, por pedir a las parejas del mismo sexo tramitar amparos para registrar su unión civil, a pesar de que la administración municipal pasada registró 58 matrimonios igualitarios en la capital, lo que le valió el reconocimiento internacional de inclusión y se adhirió a la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris.
Hasta ahora se tiene información de dos parejas a las que se les exigió tramitar un amparo para casarse en el Registro Civil, aunque sólo una de ellas entabló contacto con las organizaciones. La decisión municipal motivó el rechazo del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y a Favor del Estado Laico, así como las organizaciones nacionales Ahora, Movimiento Nacional por la Esperanza, la Coalición Mexicana LGBTTTIQ+ y el Frente Feminista Nacional.
Los voceros y representantes de las organizaciones mostraron documentos que comprueban que se pidieron reuniones con las autoridades del municipio de Querétaro desde el pasado 7 de noviembre, porque existía un compromiso público del alcalde Luis Bernardo Nava de no pedir el amparo para estos matrimonios, sin que hasta ahora se tenga una respuesta.
“Esto es inaceptable, como alcalde de todas y todos los queretanos tendría que dar una respuesta y poder dialogar esto. El problema no está en las alcaldías, el grave problema está en las legislaturas”, denunció Walter López, vocero del Frente Queretano, al referirse a la negativa de los diputados locales de modificar el código civil.
El activista Tadeo Rodríguez afirmó que hay un compromiso del grupo legislativo de Morena de presentar una nueva iniciativa antes de diciembre para modificar el código civil y permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero en la pasada legislatura local hubo dos iniciativas de este tipo y no hubo avances.
“La tarea fuerte es del congreso local queretano, porque la ley es estatal y ellos son quienes deberían modificar”, aseguró Tadeo. Actualmente varias organizaciones promueven amparos en todo el país para obligar a las legislaturas locales a modificar los códigos civiles. En el caso de Querétaro desde hace un año se tramitaron 16 amparos y se ganaron 13.
Para ambos activistas, lo importante es que la legislatura local realice los cambios y entienda que es un asunto de derechos humanos, porque de acuerdo con Gisela Sánchez Díaz de León, la población de la diversidad sexual es de las más discriminadas y eso tiene un impacto importante en la salud.
“Son las personas más discriminadas, además están los crímenes de odio que se incrementan con estos discursos, el presidente (municipal) está discriminando”, acusó Gisela Sánchez.
A través de las organizaciones nacionales, una pareja de mujeres, que pretendía casarse este 1 de diciembre en Querétaro, registrará su unión en la Ciudad de México, para evitar tramitar el amparo.
Las activistas Aline Escalante y Lucero Alvarado subrayaron que estas medidas de apoyo no solucionan el problema de fondo, que es la discriminación que lleva a exigir que se tramiten amparos para las parejas del mismo sexo.
