Durante casi 8 horas, el ex alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, compareció ante el Juzgado Penal Oral en Cadereyta donde fue vinculado a proceso por el delito de tráfico de influencias continuado, que se le imputa durante su administración municipal, en el periodo 2015-2020. El político estuvo acompañado por sus abogados y su esposa, la consejera estatal de Morena, María Hernández Uribe.
Luego de las ocho horas de audiencia y ante la decisión del Juez de Control, la esposa de Ochoa Valencia, María Hernández Uribe, se reunió con el grupo de personas que se mantuvieron en apoyo del ex alcalde, y amenazaron con organizar una manifestación frente al palacio de gobierno estatal, sin precisar fecha, añadiendo que incluso buscarán hablar con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, ante lo que consideraron una persecución política. Se habló, incluso, de solicitar apoyo de Pablo González Loyola, líder de la Unidad Felipe Carrillo Puerto para la realización de protestas.
El Juez de Control determinó como suficientes los datos de prueba y vinculó al ahora imputado con prisión preventiva justificada como medida cautelar, además de tres meses de investigación complementaria para recabar datos y con ello obtener una sentencia condenatoria.
Ante una veintena de personas que se mantuvieron durante el proceso, en apoyo a Ochoa Valencia, el Juez de Control tomó como suficientes los datos de prueba presentados, en los que se señaló que utilizó su posición política para el beneficio de un particular, mediante la instalación de un parque industrial.
Y es que el ex funcionario, quien por segunda ocasión enfrenta un proceso legal, fue acusado de pedir que el Ayuntamiento aprobara la instalación de dicho parque industrial en Colón, aun cuando este no cumplía con el Código Urbano del Estado de Querétaro.
En ese sentido, al particular, cuyo nombre ni empresa han sido revelados, se le señaló por promover y aceptar actos de corrupción para su propio beneficio. En tanto, Ochoa Valencia a su vez, fue acusado de provocar una afectación al municipio equivalente a 65 millones de pesos a cambio de agilizar y garantizar la autorización para el proyecto industrial.
Durante el tiempo en que duró la audiencia inicial, los abogados de ambos acusados evitaron informar sobre la situación del proceso, negando incluso conocer a Ochoa Valencia. En el caso de los abogados del particular, refirieron que este había sido prescrito, es decir, que pasó el tiempo para ejercer acción penal.
Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción indicó que apelará la determinación del Juez de Control para determinar la vigencia de su participación en los hechos investigados e imputados.
Con llanto sus seguidores se retiraron del lugar sin ofrecer ninguna declaración, toda vez que continuará el proceso hasta la sentencia final, por lo que buscarán la manera de que Ochoa Valencia quede en libertad.
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Cabe destacar que es la segunda ocasión en que el ex panista y ahora militante de Morena ha sido detenido, la primera durante agosto de 2020 por un presunto daño al erario público, el cual superó los 40 millones de pesos, bajo el delito de tráfico de influencia.
