Los anexos se convirtieron en un “depósito humano “donde lasociedad se deshace de las personas que considera indeseables,porque alrededor de 600 de los mil 800 internos en los 90 centrosde rehabilitación no deberían estar ahí, reconoció el titulardel Consejo Estatal contra las Adicciones, Guillermo Tamborrel,quien denunció que en por lo menos 50 centros se piensa que aladicto “hay que castigarlo” y se les denigra de manera que esossitios deberían cerrarse.
Al repudiar el internamiento de una joven sólo por serlesbiana, advirtió que sólo cinco de esos centros cuentan con elreconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones(Conadic) y alrededor 55 de ellos “deberían estar cerrados”,ya que sus “padrinos o directores” carecen de capacitaciónpara operarlos y pueden incurrir en prácticas abusivas, se vuelven“explotadores”, en una actitud casi comparable con la “tratade personas”.
Tamborrel Suárez señaló que el CECA hoy no tiene unalegislación que le permita vigilar y sancionar a los anexos, si lahubiera “cerraría” aquellos que incumplen con cuestionesmínimas de preparación, porque muchos “padrinos” recurren ala violencia para tratar las adicciones porque la usaron en ellospara rehabilitarlos.
De los 90 padrinos o directores de los anexos en el estado,sólo 40 cuentan con capacitación comprobable, pero se carece deinfraestructura y tampoco hay espacios únicos para mujeres,atendidos por mujeres lo que eleva los riesgos, “porque luego losamigos en los anexos honestamente, esos padrinos, se vuelve… Québarbaridad, explotadores, hay una trata de personas, son tratantes,eso tiene que terminar”.
Solamente cinco de los 90 centros de rehabilitación contra lasadicciones en el estado cuentan con el reconocimiento de laComisión Nacional contra las Adicciones, 35 más trabajan encondiciones “aceptables” y 55 “deberían estarcerrados”.
Aseguró que los centros de tratamiento contra las adicciones“todos los días abren y cierran” y algunos no tienen lainfraestructura necesaria. Se estima que todos los centros en elestado atienden, en promedio, a mil 800 personas internas y deellas, sólo una tercera parte, alrededor de 300, sí requierenestar en el lugar por un problema de adicciones.
De ese total, 600 personas que se encuentran en los anexos “nodeberían estar ahí” porque estos sitios “se han convertido enun depósito humano”, donde la sociedad lleva a la gente paradeshacerse de las personas que considera “indeseables” como losllamados niños “ingobernables” o personas con trastornosmentales severos.
Lamentó que lo más grave del caso que denunciaronorganizaciones sociales es que existan centros de rehabilitaciónque “se presten para recibir a personas homosexuales”, porque“considerar la preferencia sexual como una enfermedad, esreprobable, es una pena y una tristeza que haya personas quepiensan que ser homosexual es estar enfermo, eso se deberechazar”.
Insistió que en los casos de adicciones, el internamiento debeser la última de las opciones porque muchos de los que hoy estánen los anexos recibirían un mejor tratamiento en los centros deatención primaria sin necesidad de recluirlos.
ANALIZAN DISMINUIR ANEXOS Y ESPECIALIZAR
Para Tamborrel Suárez, Querétaro tiene un “exceso decapacidad instalada” porque con 35 o 40 centros derehabilitación que se ubiquen en el estado sería más quesuficiente para atender las necesidades de Querétaro.
Como una manera de solucionar los problemas, se propone laseparación entre hombres y mujeres para evitar riesgos, incluso,tener un centro exclusivo para mujeres y otro exclusivo paraadolescentes, ya que “las niñas no tienen por qué estarleaprendiendo las mañas a muchas mujeres”.
En busca de solucionar el problema, Guillermo Tamborrel sostienereuniones con varios diputados para que se faculte al CECA paravigilar estos centros de internamiento, en busca de que seanseguros, eficientes y eficaces, porque hoy no se tienen facultadessancionadoras, a pesar de que no cumplen con lineamientos deseguridad o licencias de funcionamiento.
Sin embargo, no hay ninguna instancia que tenga la facultad derevisar el funcionamiento de esos lugares, sobre todo elfuncionamiento terapéutico que dicen brindar porque hoy “eso noexiste”, pero se pronunció por cerrar aquellos que incumplen connormas mínimas, como el que aceptó la reclusión de una joven porsu preferencia sexual.
Recordó que existen centros “que funcionan muy mal” y seteme que la mayor parte de los abusos no se denuncian porvergüenza, a pesar de que se tiene conocimiento de al menos unaviolación a una mujer y algunas muertes que se presentaron el añopasado.
“Lo que en general ocurre en estos 50 centros que debiesencerrarse es una denigración del ser humano, más que verlos comoun ser humano que requiere ayuda, los ven como un ser humano queinfringió las reglas sociales y que por lo tanto hay quecastigarlo”, denunció Guillermo Tamborrel.
Sostuvo que muchas de las personas que se encuentran en loscentros de internamiento tendrían mejores resultados en losespacios ambulatorios como los que maneja el propio CECA, en lugarde lugares donde “los padrinos piensan: si a mí me quitaron laadicción a golpes, a golpes se la quito a los demás”.
Otra de las propuestas que se espera incluir en una próximaley, es que antes de internar a cualquier persona pase por larevisión de un perito externo que determine si puede obtenerbuenos resultados en un tratamiento externo y ambulatorio, porqueel internamiento debe ser la última opción.
El CECA cuenta con seis centros de atención primaria con 22terapeutas que brindan servicio una hora a la semana para laspersonas que deseen rehabilitarse.
El reconoció que alrededor de 30 o 35 centros tratan deevolucionar y buscan ayuda para realmente rehabilitar, pero entodos los casos “necesita Querétaro tratamientos más eficaces,más eficientes y todo el que se quiera transformar contará con elapoyo, todos los que quieran permanecer anclados en las viejasprácticas van a pasar a la historia, porque poco a poco lasociedad los va a ir repudiando y apenas tenga yo la herramientajurídica, los voy a cerrar”.