La Asociación de Antros, Bares y Restaurantes denunció una “persecución” e “impacto negativo” en su sector debido a clausuras y operativos masivos realizados por las autoridades.

En un comunicado, la asociación señaló que al menos 70 negocios han sido clausurados por la Secretaría de Gobierno del Estado, además de otros cierres ordenados por autoridades municipales. Esto ha afectado directamente a unas 2,700 personas y sus familias que dependen de los empleos generados en estos establecimientos.

Los empresarios acusaron que los operativos interinstitucionales se han utilizado como herramientas de recaudación mediante multas y reaperturas, en lugar de enfocarse en un diálogo abierto para subsanar irregularidades. También señalaron que los cambios constantes en los reglamentos hacen difícil cumplir con los requisitos de operación sin recibir previamente capacitación adecuada.

Ante esta situación, la asociación exigió el cese inmediato de lo que consideran una “persecución” por parte de las autoridades estatales y municipales, y solicitaron la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para regularizar su operación y contribuir a mejorar la seguridad en sus establecimientos.

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Asimismo, hicieron un llamado a que se respeten sus derechos humanos, como el acceso al trabajo digno, la seguridad jurídica y la libertad de ocupación. Destacaron que garantizar estas condiciones es esencial para el sustento de las familias que dependen de este sector económico.