El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que apelará jurídicamente los recursos interpuestos por ejidatarios queretanos contra la declaratoria de Área Natural Protegida de Peña Colorada, y que les permitieron obtener el amparo de la justicia federal.
En un comunicado, la dependencia federal respondió continúa brindando atención a los juicios y recursos jurídicos de los queretanos, para evitar que el decreto quede sin efectos.
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La controversia jurídica es por el decreto publicado el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federal, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara la afectación de casi 5 mil hectáreas entre los municipios de Querétaro y El Marqués, para su protección.
Sin embargo, los ejidatarios de El Salitre, Jurica y Chichimequillas ya obtuvieron triunfos legales en los juzgados de Distrito y Colegiados de Circuito en Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila, a favor de tres acciones colectivas y de siete personas físicas contra dicho decreto.
La Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), refiere que el decreto del Área de Protección de Recursos Naturales Peña Colorada permanece vigente.
Y añade que al momento no se ha resuelto de manera definitiva ningún juicio en contra de la declaratoria del Área Natural Protegida (ANP), por lo que sus casi cinco mil hectáreas permanecen bajo la protección federal.
Consultado sobre el tema, el jurista queretano Calixto de Santiago, quien encabeza el equipo de asesores legales de los ejidatarios, explicó que el Ejecutivo Federal y la dirección de Áreas Naturales Protegidas tienen posibilidad de ir a la revisión del amparo, porque están apelando a su derecho.
“Pero eso no significa que vayan a tener razón, porque ya lo que se ha resuelto tanto en San Luis Potosí, en Jalisco y en Coahuila, han señalado que, por la forma en que lo realizaron (el decreto), sin tener los estudios técnicos justificativos adecuados, se les va a caer”.
Añadió que el juicio de amparo concedido a tres acciones colectivas de los ejidos respectivos y a siete personas físicas en una consideración hacen que el decreto de Peña Colorada, en su parte técnica sea insostenible, porque no está bien realizado, aunque las autoridades digan que se busque proteger a especies de flora y fauna que ahí habitan.
“Por supuesto que es un tema que vende para una próxima elección, pero que no satisface las esferas jurídicas que por supuesto ya fueron la revisión en algunas consideraciones y tiene que resolver un Tribunal Colegiado de Circuito sobre el derecho que tiene el propio presidente de la República y las áreas naturales protegidas para poder decir quién tiene la razón”.
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Pero, abundó, de entre lo que cabe ya hay otras manifestaciones, tanto en San Luis Potosí como en propio Guadalajara en Jalisco, sobre las mismas consideraciones y, “en donde por las malas planeaciones de las áreas naturales protegidas, es un tema totalmente técnico y han tenido que resolver que se caen todos los decretos y/o en su defecto le tienen que pagar como si fueran previos urbanizados a los propios ejidatarios porque pagarles 5 mil pesos anuales por hectárea es totalmente una violencia en contra del sector agrario y en contra de los propietarios de esa tierra”.
