A solo una semana de ingresarla, y en fast track, fue aprobada formalmente la creación de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro, la cual entrará en funciones en próximos días y dará pie a la desaparición del Instituto Queretano del Transporte (IQT).
Lo anterior, tras ser aprobada en sesión de pleno del Congreso local una serie de reformas en materia de movilidad, las cuales serán enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para su entrada en vigor.
Enrique Correa Sada, diputado presidente de la comisión de movilidad de la LX Legislatura, enfatizó que a través de esta ley no se permitirá el “secuestro” del servicio de transporte público en la entidad.
“Dejaremos las bases claras para que nunca más un concesionario, a través de un beneficio otorgado por el estado, secuestre el servicio público; con esta ley priorizamos el sentido de la responsabilidad del Poder Ejecutivo en conducir y determinar cómo deben brindarse los servicios públicos”, señaló.
Asimismo, indicó que se establecen las bases para regular el taxi amarillo y las plataformas, generando una competencia justa y equiparable entre todos los servicios.
Las diputadas del PAN Mariela Morán Ocampo y Leticia Rubio Montes celebraron la disposición de todas las fuerzas políticas del Congreso local de avalar esta reforma en la que, además, se contempla la creación de un instituto de capacitación de operadores en materia de perspectiva de género, así como de una defensoría pública.
Ricardo Astudillo Suárez, diputado del PVEM, enfatizó que con esta ley se innova y se propone el uso de tecnologías medioambientales, mientras que Andrea Tovar Saavedra, diputada de Morena, destacó la regulación de los taxis de ruta, y Juan Guevara Moreno, diputado del PRI, reconoció la regulación del servicio de taxi a demanda a través de plataformas tecnológicas.
La iniciativa de ley contempla la creación del Consejo de participación ciudadana en materia de movilidad y seguridad vial, así como observatorios ciudadanos de movilidad y seguridad vial, en los que habrá participación de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y las organizaciones que les representan, instituciones académicas y de investigación, organizaciones de la sociedad civil organizada, colegios de profesionistas con incidencia directa en las materias de movilidad, seguridad vial y al transporte de bienes y mercancías, como instancias para el seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia.