Con 19 votos a favor y seis en contra, el pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Movilidad para el Transporte y a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, para que se permita la entrega de un subsidio a la tarifa de los usuarios preferentes del transporte público.
El legislador, Raúl Chávez Nieto, quien emitió su voto en contra de las reformas, alertó que estas tienen una intención "oculta" y de aprobarse el dictamen, se daría pie a que gobierno del estado o los ayuntamientos puedan destinar recursos públicos no etiquetados y, cualquier otro ingreso, para entregar subsidios o apoyos sociales.
"El peligro de esto, es que cualquier dinero público no ejercido pueda servir como parche para tapar algún hueco presupuestal de alguna entidad pública o simplemente, para crear programas con fines electoreros", declaró.
Antonio Zapata Guerrero, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), contrarrestó la opinión del legislador morenista, al argumentar que estas reformas darían claridad, y por el contrario, calificó como "opacidad" los 402 mil millones de pesos que ejercerá gobierno federal sin reglas de operación.
"Lo trascendente es beneficiar a estudiantes, adultos mayores y a personas con discapacidad con esta tarifa preferencial", subrayó.
La legisladora morenista, Paloma Arce Islas, resaltó que con estas reformas también se abre la "puerta" a una aplicación de recursos mediante donaciones; sin embargo, Zapata Guerrero insistió en que se dejan las reglas claras para que el apoyo sea permanente.
De acuerdo con el dictamen, en el artículo 80 bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado, se señala que las ayudas sociales podrán otorgarse "en dinero, en especie, en servicios, o en vales canjeables por bienes o servicios, ya sea de manera directa o indirecta a los beneficiarios".
Mientras que la reforma al artículo 167 de la Ley de Movilidad para el Transporte, estipula que para el pago de la tarifa, los usuarios contarán con una ayuda social por parte del Poder Ejecutivo del Estado que se entregará en los términos que se establezcan en los programas sociales y reglas de operación que al efecto se emitan.