Entre enero y febrero se atendió a 218 personas en el Juzgado Familiar Especializado en Medidas de Protección Urgente, entre las cuales se otorgó la medida de proteger en 105 casos, mientras que en 11 de ellos los denunciantes se desistieron de continuar con el proceso, informó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Poder Judicial en Querétaro.
“Las mujeres cada vez tienen más conocimiento de este juzgado, que las pueda atender de manera pronta y expedita”. Así lo indicó la magistrada, quien aclaró que el aumento no es precisamente porque haya más casos, sino que cada vez se conoce más sobre el apoyo que se tiene con este juzgado familiar que inició operaciones el 2 de octubre pasado.
"No está bien que se diga que se incrementó, porque significa que cada vez hay más mujeres violentadas o que corren un riesgo y eso no es sano", indicó.
Al respecto, agregó que las dos medidas consideradas por una jueza son dos: que deba salir de la casa el agresor, o en su caso, la prohibición de acercarse al domicilio, ya que posteriormente se analizan los asuntos de pensión alimenticia.
Ponce Villa agregó que no solamente se atiende a mujeres que sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, sino que igual han llegado situaciones donde adultos mayores y niños son blanco de esas agresiones.
Al referirse que entre enero y febrero pasado se atendieron 218 casos y que en 11 se desistieron las personas, puntualizó que fueron desistimientos tras la orientación hacia las personas solicitantes.
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La magistrada presidenta del Poder Judicial, añadió que anteriormente las personas debían esperar hasta tres horas para ser atendidas, y que ahora el tiempo es de entre 15 y 30 minutos, lo cual depende de la complejidad del asunto, lo que ha permitido tener mejores resultados con la creación de este Juzgado Familiar Especializado en Medidas de Protección Urgente.
Comentó que los casos que se presentan son porque hay cierta amenaza en la convivencia con su pareja, aunque de acuerdo con la funcionaria, cada vez son más las situaciones en donde los afectados son adultos mayores o niños agredidos por parte de sus progenitores, y que es ahí donde un familiar interpone la denuncia.