Con 16 votos a favor y nueve en contra, por parte de la bancada de Morena y del PRI, el pleno del Congreso local aprobó las reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado y que permitirá que las dependencias y la Oficialía Mayor sean las que tramiten las pensiones y jubilaciones de los burócratas, además actualizó el tope máximo que pueden percibir los funcionarios públicos.
Durante la sesión, el diputado de Morena y presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Néstor Domínguez Luna, advirtió que no era necesaria esta reforma, debido a que solo bastaba a que la bancada panista reconociera que se equivocó en la reforma del 2015 y respetará los convenios de los trabajadores.
Dichas reformas, además de topar a 42 mil pesos el monto de las pensiones y jubilaciones, también incrementaron los años de servicio para acceder a este derecho.
“Es evidente que quieren continuar violentando los derechos de los trabajadores, pero ahora, de manera oculta”, advirtió.
Recordó que, la mayor parte de las dependencias no respetan el convenio colectivo como la Comisión Estatal de Aguas (CEA), el Cobaq, la Fiscalía General, el Indereq y municipios como San Juan del Río, mientras que, advirtió el Poder Legislativo y Ejecutivo los han aplicado de forma discrecional.
Advirtió que, con estas nuevas reformas, continúa el requisito de acumular 30 años de servicio, sin tomar en cuenta que el 99% de los convenios colectivos de trabajo establecen los 28 años como máximo para acceder a este derecho.
De acuerdo con el dictamen, se actualiza el monto máximo de pensión y jubilación y que, anteriormente, se establecía en 42 mil pesos, para quedar en 575 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; es decir, en 51 mil 531 pesos.
Además, establece que el tiempo que dure el trámite de autorización de la jubilación o pensión por vejez no se computará en la antigüedad del trabajador.
De igual forma, el priista Hugo Cabrera Ruiz advirtió que estas reformas van en contra de los derechos laborales y pueden dar lugar a la “arbitrariedad” en el trámite de las pensiones y jubilaciones, al realizarse estas en las dependencias y no en el Congreso.
“¿En efecto estaríamos garantizando que los trámites serán más ágiles y cortos?, ¿no estaríamos abriendo posibilidades de corrupción o uso excesivo del poder?”, cuestionó la legisladora priista Abigail Arredondo Ramos.
Sin embargo, por parte de la bancada panista, el legislador Roberto Cabrera Valencia defendió que con estas reformas se acortará el tiempo de los trámites, al optimizarse procesos administrativos y resaltó que se eliminará el requisito de que solo a los 60 años, se pueda solicitar la pensión y jubilación.
“La Legislatura dejará de ser la autoridad revisora para terminar con el vía Crucis y larga espera de trámites”, dijo.