Diputados de la LIX Legislatura aprobaron la iniciativa de Ley que prohíbe las bolsas pláticas y popotes de manera gradual, con el lanzamiento de campañas permanentes de educación y mecanismos de prevención desde las políticas públicas estatales, a través de diagnósticos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
En sesión de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente que preside Jorge Herrera Martínez se aprobó reformar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado y la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable, en materia de plástico de un solo uso.
“Para lograr un éxito respecto al manejo de residuos, necesitamos mirar hacia una responsabilidad compartida entre el productor y el usuario, sin embargo, también es cierto que debemos aplicar medidas prohibitivas de plásticos y materiales innecesarios de un solo uso, de manera urgente y eficaz”.
Herrera Martínez precisó la urgencia de tomar medidas para frenar el daño, por lo que esta reforma busca frenar la contaminación generada por la producción, el ciclo de vida y la disposición de productos de un solo uso; sin embargo, se hará de manera gradual dando oportunidad a los productores de optar por formas de producción amigables con el medio ambiente.
En otro punto del orden del día se aprobó un exhorto al Senado de la República para que ratifique el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que implemente políticas públicas para que el acceso a la información ambiental del Gobierno Federal sea fácil, accesible, oportuna y transparente.
Al respecto la diputada integrante de la Comisión, Laura Polo Herrera recordó que el Acuerdo Escazú (4 de marzo del 2018) se abrió a la firma el 27 de septiembre de 2018 a los 33 países de América Latina y el Caribe, siendo México uno de los firmantes en esa misma fecha y que actualmente se encuentra en la espera de ser aprobado por el Senado y ratificado por el estado mexicano.
“Este acuerdo es considerado como un hito para garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Para lograr el tránsito hacia comunidades sostenibles, se requiere una participación basada en una información completa, oportuna, transparente en la materia ambiental”.