La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto está dirigida al Congreso de la Unión luego de un análisis al Código Penal Federal, informó Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Poder Judicial del estado de Querétaro, quien agregó que por lo tanto cada legislatura local decidirá sobre el tema.
Mencionó que al ir enfocada la determinación al Poder Legislativo en San Lázaro, por lo tanto el único facultado para modificarlo y reformarlo, es el mismo Congreso de la Unión.
Precisó que en lo local deberá ser la legislaturas de cada una de las entidades federativas las que deberán decidir sobre esta modificación en el Código Penal Federal, en cuanto a la despenalización o no por la interrupción del embarazo.
Agregó que lo anterior es derivado de un amparo que interpuso una asociación civil a la cual se le negó en un primer momento, hasta que el caso fue atraído y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió en ese sentido.
“No está dirigido a legislaturas locales, aunque bueno, el sentido de la resolución no puede aplicar para unas legislaturas y para otras no, sino que es un criterio general que está emitiendo la Corte y ya dependerá de cada legislatura local si lo toma o no lo toma”, puntualizó la magistrada presidenta.
Lo anterior surge luego que el miércoles de la presente semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por unanimidad, despenalizar el aborto en todo el país, con lo cual, se ha publicado que las personas con capacidad de gestar podrán tener acceso a los servicios de interrupción del embarazo en instituciones públicas de salud del sector federal.
De esa manera y como resultado del amparo promovido por la organización Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), se refiere que se impedirá que una persona vaya a prisión por esta acción.
Se informó que la decisión de los jueces anula el apartado incluido en el Artículo 329 del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto, lo cual aplicaba una pena de uno a tres años, sin importar el consentimiento de la mujer, y hasta 5 años para los médicos que lo realizaran.
El origen radica en que hace dos años la Suprema Corte había anulado algunos artículos de la ley en el estado de Coahuila en los que se consideraba un delito la interrupción del embarazo. Mientras tanto, hace unos días, Aguascalientes se convertía en la entidad número 12 en despenalizar esta práctica.
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