Cayeron otros tres funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro, esta vez por la vía del cese temporal de su trabajo, vinculados con las presuntas omisiones ante del delito de cohecho en la adjudicación de un copropietario de un inmueble en Huimilpan y otro en San Gil.
Asimismo, la secretaría del Trabajo, Liliana San Martín, anunció que tras esta limpia de servidores la administración estatal hará una reestructuración a fondo en la Junta Local.
No obstante que son 3 los cesados, San Martín reconoció solo 2 de esos despidos, ya que hasta la tarde de este miércoles faltaba que les notificaran la situación jurídica de un tercer trabajador de la Junta.
Los funcionarios cesados son el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Juan Francisco “M”, la secretaria general de la Junta Local, Aurelia “V” y el presidente de la Junta Especial Sala 3, Gabriel Antonio “V”.
Consultada por Diario de Querétaro sobre los despidos y las investigaciones por presuntas omisiones relacionadas con la detención de 3 servidores públicos la semana pasada, la secretaria San Martín declaró que “la Fiscalía lo que notificó a la secretaria fue la suspensión temporal de dos personas que por supuesto ya se acató”.
Estas suspensiones temporales están relacionadas con la investigación y proceso que se inició desde 2017 contra otros 3 funcionarios acusados de presunto cohecho, los cuales son Mónica “R”, quien se desempeñaba como presidenta auxiliar de la junta especial de la sala 4, Gonzalo “L”, presidente de la junta especial sala 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y Víctor “E”, presidente auxiliar de la Junta Especial; y que fueron detenidos el pasado miércoles 9 de marzo por la mañana en los municipios de Querétaro y San Juan del Río.
Además, la secretaria estatal afirmó que con la salida de estos funcionarios también se buscará una reestructura dentro de la Junta Local.
“Es un área que no puede detenerse que desahóganos procedimientos de manera diaria así que acatamos la suspensión “, subrayó.
Detalló que este proceso de investigación inició desde 2017, y la dependencia estatal ha aportado información que ha requerido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Señaló que son dos los procedimientos que se realizan por esos hechos, de los cuales una fue una denuncia de un particular ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otra investigación que inició la secretaría de la Contraloría.
Enfatizó que los funcionarios siguieron en funciones porque no había una determinación judicial sobre el caso.
