La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) emitió 25 observaciones hacia el municipio de El Marqués durante el ejercicio fiscal 2018; entre estas, resaltan la omisión por parte de funcionarios públicos que pagaron más de 1.2 millones de pesos por estudios que fueron copiados de páginas de internet o de otros autores.
De acuerdo con una de las observaciones emitidas por la ESFE, se detectó el incumplimiento por parte del servidor público que resulte responsable de haber pagado 565 mil 712 pesos con 74 centavos para el servicio de Estudio Comparativo del Desarrollo Social en materia de políticas de equidad de género El Marqués 2015-2018, con vigencia del 15 de marzo al 16 de abril.
Sin embargo, aunque la prestadora del servicio se ostentó como autora del contenido del estudio, “se advirtió fue copiado en lo sustancial” de cuatro publicaciones; entre ellas, “Iniciativa para una vida mejor” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con fecha de publicación del 2011.
La introducción del estudio, de acuerdo con el informe, se extrajo de “Políticas públicas para la Igualdad de Género: un aporte a la autonomía de las mujeres”, publicado en el 2014 por María Cristina Benavente y Alejandra Valdés Barrientos.
Mientras que la conclusión se extrajo de la publicación “Empresas y Empoderamiento de las mujeres: principios para el empoderamiento de las mujeres en las empresas” de ONU Mujeres, con fecha de publicación del 2016.
La ESFE también detectó información de la publicación “Empoderamiento femenino y políticas públicas, una perspectiva desde las representaciones sociales de género” de María Teresa Camberos Sánchez, con fecha del 2011.
Asimismo, la ESFE detectó el incumplimiento del secretario de Desarrollo Social, el director general de Desarrollo Social, el secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal o quien resulte responsable de haber erogado 731 mil 34 pesos con 48 centavos por la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales para elaborar el Estudio de Desarrollo Social 2018.
Sin embargo, detalla la ESFE, se omitió “plasmar datos reales y acreditar que las ideas, afirmaciones y textos fueron de su autoría, ya que se detectó que el estudio exhibido como propio fue copiado de diversas páginas web”.
SIN RESPETAR VEDA
La ESFE también identificó el incumplimiento de servidores públicos al omitir apegarse a la veda electoral, durante el proceso del 2018, ya que se realizó la contratación de servicios para el “transporte de tiliches”, durante el periodo en el que calendario electoral local había determinó la suspensión de programas sociales y acciones gubernamentales.
La veda electoral se contempló del 14 de mayo al dos de julio del 2018, mientras que para la contratación de este servicio “se erogó un pago total de 139 mil 664 pesos (…) en el periodo comprendido del 14 de mayo al 02 de julio de 2018” y con una vigencia retroactiva del primero de enero al 30 de septiembre.
De la misma forma, la ESFE detectó el incumplimiento del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, secretario de Finanzas Públicas y quien resulte responsable de contratar la prestación de servicios profesionales para “aportar todos los conocimientos científicos, tecnológicos, académicos y de experiencia para el desarrollo y ejecución” del proyecto de empoderamiento de la mujer a través del autoempleo” del Programa Municipal de Prevención del Delito.
Este contrato, detalla el informe, se suscribió el tres de abril del 2018, con una vigencia del cuatro de dicho mes hasta el 30 de julio por 938 mil pesos. Este periodo quedó dentro del periodo de veda, del 14 de mayo al dos de julio, además detalla que no se acreditó el cumplimiento al objeto del contrato.
OMITEN DAR APOYOS
En el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018, la ESFE también detectó el incumplimiento por parte del servidor público que reportó como “entregado” el apoyo a nueve beneficiarios de becas culturales y artísticas para las que se erogaron 531 mil pesos.
Sin embargo, el informe detalla que por la declaración de los beneficiarios y la implementación de un cuestionario: “estos recursos no fueron entregados por parte de la fiscalizada”.
