/ jueves 1 de diciembre de 2016

Católicos pugnan por permitir abortos

La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidirpidió a las autoridades estatales implementar la Norma 046,modificada en todo el país, para permitir a las mujeres,adolescentes y niñas interrumpir legalmente su embarazo en casoscomo violación  e imprudencia o accidente, sin que losfuncionarios públicos alarguen el proceso o nieguen suejecución.

En rueda de prensa, María Fernanda López Gallegos, integrantede la Red Católica de Jóvenes por el Derecho, explicó laimportancia que tiene que la ciudadanía sepa que ante lasituación de un embarazo no deseado, producto de una violación oaccidente, el Código Penal lo avala como una causal de abortolegal, y que pueden acceder a él, sin la necesidad de tener laautorización del Ministerio Público.

En este sentido, dijo que se debe dar cumplimiento al artículo142 del Código Penal del estado de Querétaro, que es el quepermite el aborto en casos como abuso sexual y violación, asícomo por imprudencia o accidentes, algo que dijo, hasta la fecha nose ha implementado porque las autoridades siguen revictimizando alas mujeres que acuden a denunciar.

“Es lamentable que diez años después esta afirmación sigavigente, pues las autoridades estatales siguen revictimizando a lasmujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud, alnegarles el acceso al aborto legal y poner en duda que las niñashan sido violadas, alargando el proceso de atención para queavance el tiempo de gestación y el aborto resulte una experienciamás complicada”, mencionó López Gallegos.

Advirtió que no existe una reglamentación para cada una de lascausales de aborto que permite el Código penal, por lo que losservidores públicos no tienen una ruta a seguir, lo que provocaque nieguen el servicio a las mujeres.

“Por cada una de las causales no hay una ruta a seguir, si unamujer llega al Centro de salud porque tiene un aborto porimprudencia, los servidores públicos no saben qué hacer porque nohay en la ley algo que diga que hay que hacer, lo mismo sucede conla violación”, agregó.

Señaló que aunque la legislación en México establece que elaborto por violación es legal en todo el país, las víctimasenfrentan serios obstáculos para acceder a la interrupción legaldel embarazo, debido a que las autoridades incumplen la Norma 046,porque se “Aduce a la falta de información o a un uso inadecuadode la objeción de conciencia para negarse a atender a lasmujeres”.

Aseguró que desde 2012 a 2015, no se tienen registros deviolaciones que hayan solicitado este derecho, sin embargo, deacuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública, Querétaro ocupa el octavo lugar en cuanto anúmeros de violaciones, además de que tiene el tercer lugar dejóvenes que acuden a la capital del país a realizarse un aborto,esto principalmente por los obstáculos y falta de sensibilizaciónde los funcionarios.

La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidirpidió a las autoridades estatales implementar la Norma 046,modificada en todo el país, para permitir a las mujeres,adolescentes y niñas interrumpir legalmente su embarazo en casoscomo violación  e imprudencia o accidente, sin que losfuncionarios públicos alarguen el proceso o nieguen suejecución.

En rueda de prensa, María Fernanda López Gallegos, integrantede la Red Católica de Jóvenes por el Derecho, explicó laimportancia que tiene que la ciudadanía sepa que ante lasituación de un embarazo no deseado, producto de una violación oaccidente, el Código Penal lo avala como una causal de abortolegal, y que pueden acceder a él, sin la necesidad de tener laautorización del Ministerio Público.

En este sentido, dijo que se debe dar cumplimiento al artículo142 del Código Penal del estado de Querétaro, que es el quepermite el aborto en casos como abuso sexual y violación, asícomo por imprudencia o accidentes, algo que dijo, hasta la fecha nose ha implementado porque las autoridades siguen revictimizando alas mujeres que acuden a denunciar.

“Es lamentable que diez años después esta afirmación sigavigente, pues las autoridades estatales siguen revictimizando a lasmujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud, alnegarles el acceso al aborto legal y poner en duda que las niñashan sido violadas, alargando el proceso de atención para queavance el tiempo de gestación y el aborto resulte una experienciamás complicada”, mencionó López Gallegos.

Advirtió que no existe una reglamentación para cada una de lascausales de aborto que permite el Código penal, por lo que losservidores públicos no tienen una ruta a seguir, lo que provocaque nieguen el servicio a las mujeres.

“Por cada una de las causales no hay una ruta a seguir, si unamujer llega al Centro de salud porque tiene un aborto porimprudencia, los servidores públicos no saben qué hacer porque nohay en la ley algo que diga que hay que hacer, lo mismo sucede conla violación”, agregó.

Señaló que aunque la legislación en México establece que elaborto por violación es legal en todo el país, las víctimasenfrentan serios obstáculos para acceder a la interrupción legaldel embarazo, debido a que las autoridades incumplen la Norma 046,porque se “Aduce a la falta de información o a un uso inadecuadode la objeción de conciencia para negarse a atender a lasmujeres”.

Aseguró que desde 2012 a 2015, no se tienen registros deviolaciones que hayan solicitado este derecho, sin embargo, deacuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública, Querétaro ocupa el octavo lugar en cuanto anúmeros de violaciones, además de que tiene el tercer lugar dejóvenes que acuden a la capital del país a realizarse un aborto,esto principalmente por los obstáculos y falta de sensibilizaciónde los funcionarios.

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