La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide las reformas al código penal de Querétaro mediante las cuales se aumentaron delitos y sanciones penales como medidas para combatir la propagación del Covid-19.
Entre las reformas se señala penas para quienes no respeten el confinamiento o cuarentena ordenado por el sector salud; desobediencia a un mandato legal; negativa a prestar declaración legal o protesta de ley, quebrantamiento de obligación de vivir en una circunscripción determinada; quebrantamiento de medidas de seguridad sanitaria y quebrantamiento de sanciones.
Para la CDNH estas reformas transgreden derechos fundamentales y libertades de las personas, particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, y manifestación, y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal.
En días pasados, el Congreso de Querétaro realizó las modificaciones respecto de los delitos de riego de contagio, omisión de auxilio, de discriminación, de extorsión, de incitación o apología de conductas delictivas, de quebrantamiento de aislamiento obligatorio, de rehusar la prestación de un servicio obligatorio y desobediencia de mandato legítimo de autoridad.
Así como de omisión de declarar, de obstrucción de funciones públicas, de oposición a obra o trabajos públicos, por quebrantar la prohibición de residir en cierta circunscripción territorial, entre otros.
El organismo constitucional informó que prepara un escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de esos cambios normativos, con la finalidad de solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invaliden las disposiciones que vulneren los derechos humanos de las personas, el cual será presentando una vez que las reformas sean publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de dicho estado.
En este sentido, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra hizo un llamado a las autoridades para que en estos momentos de emergencia sanitaria que enfrentan diversos países, incluido México, ocasionados por la enfermedad provocada por el virus COVID-19, establezcan medidas conducentes para proteger el derecho a la salud, sin que ello implique desproteger otros derechos fundamentales, pues todos tienen la misma importancia, por lo que deben tutelarse en todo momento.
Exhortó a no emplear el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, privilegiando otros instrumentos más efectivos y menos represores.