El Comité Promotor para la Activación de la Alerta de Género para Querétaro y la organización Generando Igualdad exigieron a la Fiscalía General no revictimizar a las mujeres que presentaron denuncias contra profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), dentro del movimiento #YoTambiénUAQ y demandaron aplicar los protocolos de género con base en los derechos humanos.
Las activistas Consolación González Loyola Pérez, integrante del Comité y Marlene Martín de Generando Igualdad denunciaron que existe una práctica constante de la fiscalía por promover acuerdos en los que se otorgue el perdón a los agresores, sin pensar que los delitos sexuales, como el acoso y los abusos, son los que presentan la tasa más alta de impunidad, ya que, por ejemplo, sólo se denuncian dos de cada diez violaciones.
Consolación González calificó de “inapropiada” la declaración del Fiscal Alejandro Echeverría sobre el caso, porque su papel es ser un perito en la materia con base en un lenguaje adecuado y lo demás le corresponde a un juez, pero los tres expedientes contra profesores de la UAQ en los que hubo un acuerdo no llegaron a un juzgado.
“No concluyó la investigación, no se continuó con el proceso, lo que no significa que las víctimas se condujeran con falsedad, porque el único que puede determinar eso es el juez en una sentencia y esos casos no llegaron a sentencia y de lo que hemos visto acompañando a víctimas de violencia sexual es que a las mujeres les cuesta mucho trabajo acudir a hacer las denuncias porque saben que no les creen, que se cuestiona su dicho, no tienen un trato adecuado, no confían en una investigación diligente y terminan siendo señaladas”, continuó.
Los delitos sexuales contra mujeres, dijo, son los que tienen la cifra más negra o índice menor de denuncia porque no hay confianza en las autoridades debido a la manera en la que tratan a las víctimas. Eso ocasiona que el 80% de las violaciones no se denuncie.
Marlene Martín recordó que estas condiciones ponen en un riesgo grave a las mujeres y al hacer declaraciones donde se presume que las víctimas “mintieron” se atenta contra el protocolo de género, sobre todo porque “si hubo falsedad de declaraciones, él tendría que seguir un proceso, pero no salir a decir que las mujeres mienten o que no hay pruebas contra los agresores”.
“Él tiene que ayudar a las víctimas a probar que fueron víctimas de un delito, si no lo hace no está haciendo su trabajo. Las fiscalías, el Centro de Justicias para mujeres no operan correctamente, evitan a toda costa que las víctimas denuncias, se les ponen todas las trabas posibles y no hay ningún tipo de investigación, mucho menos con perspectiva de género o de interés supremo de la infancia, es muy lamentable”, resaltó Marlene Martín.
Lamentó que desde las fiscalías se promueva que los casos no lleguen a los juzgados y se promueven los medios alternativos de justicia para que se otorgue el perdón, sin realizar las investigaciones precisas para garantizar la tranquilidad de las mujeres.
“Las mujeres no denuncian un acoso o una violación porque se les ocurrió, porque es un trámite tardado y no es sencillo, es lo que ocurre con los casos de protocolo Alba con las mujeres desaparecidas. De diez casos que hemos atendido de violencia sexual, sólo en dos no se promovió el acuerdo pero porque tenía que ver con menores de 18 años”, explicó.
Ambas activistas subrayaron que se requiere un trabajo más decidido por parte de la Fiscalía en favor de las mujeres, sin abrirle la puerta a condiciones en las que se pongan en duda los dichos de las víctimas.
