El magistrado Esteban Salinas Wolberg concedió un amparo a Benjamín "N", acusado de envenenar a los perros rescatistas Athos y Tango, de acuerdo a Mónica Huerta, la abogada defensora encargada del caso, quien afirmó que buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, donde se pretende se considere un parámetro de entre 3 y 5 años, en lugar de los 10 años y seis meses de prisión en la sentencia original.
La decisión ha generado indignación entre defensores de los derechos animales, quienes critican la reducción de la condena y la disminución de la reparación del daño. Huerta Muñoz calificó la determinación como discriminatoria y poco progresiva, expresando su intención de impugnar la decisión judicial.
“Si mataran a tres personas, tendríamos sanción por la muerte de esas tres personas, una sanción por cada una y en el caso de Athos y Tango, el magistrado dice que ‘no importa’ cuántos haya matado o cuántos haya afectado, solamente debe recibir una sanción. Entonces, ¿por qué la discriminación? Vivimos desvalorizando la vida de los animales".
En su declaración, Huerta Muñoz cuestionó la justificación del magistrado para imponer una pena máxima de cinco años de prisión, argumentando que se trata de animales, a pesar de reconocer la responsabilidad del imputado en el asesinato de los dos perros rescatistas.
"Trata de justificar que no debe tener una sanción más alta en razón de que no importa que haya matado a dos perros y lastimado a un tercero. Sino que solo debe ser castigado por un solo delito por tratarse de animales aunque haya provocado tres. El magistrado pretende que se considere un parámetro entre tres y cinco años”.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito resolvió modificar la sentencia condenatoria el 1 de febrero, generando la protesta de activistas y organizaciones protectoras de animales.
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En tanto, América López González, de la Asociación Bienestar Animal Querétaro (ABAQ), afirmó que la procedencia del amparo minimiza el caso y representa un retroceso en el bienestar animal.
Este jueves, activistas y organizaciones protectoras de animales se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Querétaro. López González subrayó el esfuerzo del magistrado por minimizar el caso desde diciembre, anunciando que también se abordará la revisión de la reparación del daño económico.