En un esquema único en el país, el gobierno del estado contratará a 10 abogados para el modelo de Defensoría Pública y Subrogada, con el fin de garantizar la asistencia jurídica a quienes enfrenten un proceso penal, dio a conocer el secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, durante la entrega de certificados a la primera generación de 55 abogados subrogados del modelo de la defensoría penal pública y subrogada.
Ante rectores de distintas universidades y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, magistrada Consuelo Rosillo Garfias, Granados Torres destacó que este esquema de defensoría pública subrogada es único en el país y se contratará a la cantidad de abogados que resulte necesaria para cubrir los casos penales que se presenten, siempre que estos profesionistas demuestren tener altos estándares de conocimiento y desempeño.
Durante la ceremonia, los abogados recibieron la certificación de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho del Estado de Querétaro (CECTEPD), que preside el propio Juan Martín Granados, con lo que se da constancia de su capacitación para desarrollarse dentro del sistema acusatorio oral.
Insistió que el modelo de asistencia jurídica penal de Querétaro recurre a los abogados privados, para garantizar los derechos de toda persona detenida, inculpada o acusada de un delito, con el fin de cumplir con un “sistema eficaz y garantista de la defensa penal pública”.
Granados Torres abundó que “nuestros defensores subrogados deben llevar con orgullo la representación del estado en el caso que se les asigne, porque cumplen una función esencial para el sistema de justicia penal: dar credibilidad a las instituciones, la única instancia que hace posible que los derechos fundamentales sean una realidad”.
A través de la subrogación un abogado privado certificado puede representar jurídicamente a un imputado, por lo que se contratará a los diez mejores promedios de los abogados que egresaron de esta primera generación y no se tiene un límite de cuántos abogados podrían incorporarse a este esquema.
De manera inmediata iniciaron los trabajos del segundo curso de certificación 2018, con otros 51 profesionistas que tienen interés en la subrogación. En esta segunda generación se recibió a abogados y profesionales del derecho de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México y cuatro municipios de Querétaro.
A nombre de los egresados, Mario César Tinajero resaltó que este proceso de certificación implicó un trabajo arduo porque la subrogación en defensoría pública es un modelo único a nivel nacional.
