De marzo de 2022 a febrero de 2023, se incrementaron 582% las carpetas de investigación por hechos de corrupción, pasando de 51 a 348 en un año, las cuales derivaron en 16 sentencias condenatorias en contra de presidentes municipales, secretarios municipales, directores y personal del Poder Ejecutivo.
Durante su sexto informe de actividades, Benjamín Vargas Salazar, fiscal anticorrupción de Querétaro, informó que a 26 personas se les otorgó la suspensión condicional del proceso, una vez que se realizó la reparación del daño, además de que cinco particulares fueron llevados ante un juez de control por el delito de cohecho.
"Para este año, en cuanto al rubro de personas sentenciadas, se informa que se dictó fallo condenatorio a 16 personas, este número refleja la constancia del trabajo realizado multidisciplinario. En Querétaro, demostramos que la ley en materia de combate a la corrupción no es letra muerta", indicó.
Entre los cargos más relevantes de los sentenciados están el presidente municipal de Corregidora 2009-2012 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presidente municipal de Pinal de Amoles 2018-2021 por el delito de peculado y negociaciones ilícitas, el secretario de Administración de Colón del 2015 al 2018 por el delito de negociaciones ilícitas, el secretario de Servicios Públicos Municipales de El Marqués de 2015 a 2018 por el delito de negociaciones ilícitas, así como el jefe Operativo de Protección Civil de San Juan del Río en el periodo 2015-2018 por el delito de ejercicio indebido del servicio público y cohecho.
Asimismo, se condenó al secretario Particular de la presidencia municipal de San Juan del Río en el periodo 2015-2018 por ejercicio indebido del servicio público y cohecho; a personal de protección civil de San Juan del Río de 2015 a 2018 por ejercicio indebido del servicio público y cohecho; a personal administrativo de la Secretaría de Administración de El Marqués 2015-2018 por el delito de cohecho; al secretario de Finanzas de Pinal de Amoles 2015-2018 por el delito de peculado; dos particulares por el delito de cohecho y un funcionario de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo en 2022 por el delito de peculado.
Las sentencias condenatorias impuestas constituyen 62 años de prisión, 50 años de inhabilitación y la respectiva suspensión de derechos civiles y políticos. Agregó que, por segunda ocasión, mediante resolución judicial se ordenó la disolución de una empresa por constituir un instrumento del delito de corrupción.
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De igual forma, detalló que, en el último año, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Fiscalía, logró recuperar un monto de 22 millones 664 mil pesos por la comisión de delitos de corrupción.
“Se busca que los responsables no dañen a las instituciones ni a la sociedad, al solicitarle a la autoridad judicial la correspondiente pena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos en la administración pública, sanción que ha quedado inscrita tanto en la Controlaría como en los órganos de control. Seguiremos trabajando para que Querétaro siga siendo un referente nacional en el combate a la corrupción, y para que nadie esté por encima de la Ley”, enfatizó.