Se duplicaron las solicitudes de información en Querétaro entre 2016 y 2017, pero los recursos de revisión se mantuvieron casi igual el mismo periodo, afirmó el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Infoqro), Javier Rascado Pérez, al rendir su informe de trabajo ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información de la LVIII legislatura local.

Con motivo del informe de trabajo puntualizó que las diez entidades obligadas que no entregaron su información a la Plataforma Nacional de Transparencia no pueden acusar que las fallas en el sistema fueron el motivo de su incumplimiento y seguramente serán acreedoras a una sanción por parte de los órganos de control interno, independiente de las sanciones que les pueda aplicar Infoqro.

Durante la sesión de la Comisión legislativa, Javier Rascado informó que las solicitudes de información se incrementaron en el último año, al pasar de tres mil 952 en 2016 a seis mil 880 en 2017, pero aunque estas solicitudes de información aumentaron casi al doble, las cifras en recursos de revisión se mantuvieron.

Rascado Pérez puntualizó que en 2016 se presentaron 117 recursos de revisión y en 2017 hubo 115, lo que denota que “los gobernados tuvieron menos inconformidades, ya que pudieron conseguir la información de manera más fácil y les fue entregada con oportunidad por parte de los sujetos obligados”.

“Los sujetos obligados están cumpliendo en mayor medida, manteniendo la información en sus portales, en la Plataforma Nacional de Transparencia y atendiendo las solicitudes de información de manera efectiva”, resaltó Rascado Pérez ante los diputados locales.

Al respecto, la diputada Isabel Aguilar Morales cuestionó las recomendaciones a los sujetos obligados pendientes de entregar su información a la plataforma y que no cumplieron con los plazos, como sucede con Tolimán.

Javier Rascado puntualizó que los dos últimos años fueron de acompañamiento y asesoría técnica y jurídica para la implementación de los lineamientos de transparencia, de manera que no hay excusa para no cumplir con las nuevas reglas en la materia.

“Hemos tenido sujetos obligados que han sido omisos al cumplimiento de este derecho al acceso a la información, ya en términos de la ley y una vez que terminó este espacio que se establecía para impedir que se iniciaran los procedimientos, se realizó una revisión de los sujetos de manera general y de manera específica como lo establece la legislación correspondiente”, detalló.

Abundó que una vez que se les hizo llegar las observaciones, se estableció el plazo para que informaran por qué no habían dado cumplimiento o que atendieran los señalamientos. Al término de la comisión, precisó que las diez entidades obligadas incumplidas tienen hasta el 26 de marzo para subir su información a la Plataforma Nacional de Transparencia y en este momento ya no hay quién se encuentre con cero avance.i

“Las claves y contraseñas fueron entregadas, están comprobadas, se presentan fallas en la plataforma, sí, sí hay fallas, pero hace dos años se viene trabajando en ello y no hay justificación. En estos casos se detecta que el incumplimiento se dio tanto en el portal (del sujeto obligado), como en la plataforma”, insistió.

Aunque el 26 de marzo podrán aplicarse sanciones por los incumplimientos, Javier Rascado recalcó que los órganos de control interno deberán actuar, porque “aunque se subsane, el incumplimiento ya se dio”.

SUELDOS YA NO SON PRINCIPAL INQUIETUD

El comisionado presidente de Infoqro dio a conocer que los sueldos de los funcionarios y servidores públicos ya no son la principal solicitud de información de los ciudadanos, ya que ahora la gente solicita información como becas y apoyos económicos.

“Pasamos de una primera etapa que era abrir todo el gobierno, a enfocarla a una actividad concreta”, explicó. Javier Rascado, al puntualizar que las dependencias a las que más se les solicita información son el Poder Ejecutivo y el municipio de Querétaro.

Recordó también que antes de la Ley General de Transparencia, que entró en vigor en 2016, se aplicaron sanciones administrativas para unos 20 servidores públicos que no entregaron información publica cuando se les solicitó.