No hay razón para esperar una mejoría notable en el corto plazo en materia de seguridad, debido a que no hay compromiso con reformas institucionales ni tampoco hay claridad estratégica del gobierno federal, sostuvo el especialista en temas de seguridad nacional, Alejandro Hope en un encuentro con empresarios de la Coparmex local y hablar sobre “La Política de seguridad en la nueva Administración”.
En este encuentro, afirmó también que en la medida que se siga utilizando a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública se reduce el incentivo para construir capacidades civiles lo mismo a nivel federal que en los estados, sostuvo el especialista en temas de seguridad nacional.
En este tema, señaló que muchos estados le pagan directamente a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina ya sea en efectivo o en especie para tener ahí desplegados a militares, lo que genera un problema político que en su opinión la Guardia Nacional no lo resuelve, una institución que recordó estará conformada por alrededor de 60 mil elementos e intención de reclutamiento de 50 mil elementos adicionales.
Lo anterior al exponer que en los últimos años ha habido un incremento sostenido y acelerado de la violencia, pero además la inseguridad se ha dispersado en el territorio nacional y mientras en 2010 el 15% de todos los homicidios se cometieron en Ciudad Juárez en 2018 no hubo una sola entidad federativa que concentrará más del 10% del total nacional.
Expuso que este crecimiento de la violencia es multifactorial entre estos; la fragmentación de grupos criminales, evolución de mercados ilegales entre ellos el huachicoleo y un tercer elemento que tiene que ver con razones más institucionales que es la transición de gobiernos estatales, que en el periodo de 2015 a 2018 prácticamente cambiaron todos los mandatarios y esto finalmente tienen efectos desestabilizadores entre ellos; una curva de aprendizaje, en algunos casos pactos entre autoridades estatales y grupos criminales y un nuevo sistema de justicia penal.
Dijo sin embargo que detrás de estos factores, hay un problema de fondo que tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano no destina recursos económicos suficientes al sistema de seguridad y justicia al canalizar hasta ahora 0.8% del PIB y el problema, agregó que el presupuesto en este rubro se ha estancado y ahora para 2019 incluso hay una disminución de todas las instituciones a excepción de la Sedena que reporta oncremento de 12 mil millones de pesos, pero ocho mil millones son para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
A esta situación, se agrega, dijo ante empresarios queretanos, un elemento más grave que es la transferencia a estados y municipios que calificó como el eslabón más débil de la cadena lo que genera presiones importantes.
De igual manera expuso el estancamiento de personal, de 1998 a 2018, se reporta incremento neto en Fuerzas Armadas de 34 mil y ahora con la Guardia Nacional pretenden reclutar a 50 mil elementos, situación que también se vive en niveles estatales y municipales, de estos últimos, incluso citó que de acuerdo al INEGI, más del 80% de estos elementos tienen que poner de su bolsa para equipo de trabajo.