La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió la recomendación (254) 1/2023 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de desarrollo político y social de la Secretaría de Gobierno por la violación de derechos humanos de los manifestantes que protestaron contra la denominada ley de aguas, el pasado 10 de junio de 2022, en inmediaciones de 5 de febrero.
Las dependencias del Poder Ejecutivo de Querétaro fueron señaladas por la violación a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica de las personas que se manifestaron de forma pacífica al exterior de las antiguas instalaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
De acuerdo con la recomendación, la Subsecretaría de desarrollo político y social omitió entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, antes y durante su desarrollo, con la finalidad de recibir, escuchar, atender y dar respuesta conforme a la ley a sus peticiones, así como por no haber cumplido con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar el derecho humano de reunión pacífica.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana omitió promover un entorno propicio para el desarrollo de la manifestación pacífica, además de que hicieron uso de la fuerza pública en contra de ésta, efectuando la detención de tres personas, quienes fueron liberadas por la noche en medio de protestas en inmediaciones de la fiscalía.
La recomendación se derivó de la investigación de nueve informes, 23 entrevistas y testimoniales, el desahogo de 30 videos y 12 fotografías, así como inspecciones y acompañamientos diversos.
Por lo anterior, la DHHQ emitió tres recomendaciones a la Subsecretaría de desarrollo político y social consistentes en elaborar, aprobar e implementar un protocolo en el cual se establezcan los lineamientos y directrices a seguir durante las manifestaciones o protestas que se realicen en el estado, el cual deberá ajustarse a los parámetros existentes en materia de derechos humanos y que permitan, como mínimo, prevenir, delimitar, coordinar, controlar y sancionar de manera efectiva sus actos u omisiones.
Asimismo, instruyó iniciar investigaciones en el órgano interno de control para deslindar responsabilidades y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes, así como diseñar e impartir un curso integral dirigido a todo su personal, específicamente sobre los temas de diálogo y mediación en las manifestaciones, la importancia de las manifestaciones y protestas en un Estado de Derecho, mecanismos de diálogo y concertación política durante el desarrollo de manifestaciones.
En tanto, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le recomendó elaborar, aprobar e implementar lineamientos enfocados en asegurar la protección de quienes participen en manifestaciones o protestas pacíficas, en los que se establezca de manera clara la cadena de mando y atención para este tipo de eventos con el objetivo de prevenir, delimitar, controlar y sancionar de manera efectiva sus actos u omisiones acorde con los protocolos en la materia, así como a los parámetros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
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De igual manera, se instruyó iniciar una investigación ante el órgano interno de control para deslindar responsabilidades o sancionar, en su caso, a los responsables; y a diseñar e impartir un curso integral dirigido a todo su personal sobre los temas de la importancia de las manifestaciones y protestas en un Estado de Derecho, programas de capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales, que incluyan el uso de la fuerza durante las protestas, así como el deber de respetar y apegarse a los principios que rigen el servicio público.
Ambas dependencias cuentan con 15 días naturales para notificar a la DDHQ si aceptan los términos de las recomendaciones emitidas.