La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) por la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal de tres personas, así como de legalidad, seguridad jurídica y vida de una cuarta persona, a quienes deberá otorgar una compensación económica.
En la recomendación (253) 6/2022 , señala que todas estas personas son tripulantes de los vehículos involucrados en un incidente de tránsito acontecido el 30 de abril de 2022, provocado por un sujeto previamente detenido que tomó el control de una patrulla y emprendió un intento de huida.
Indica que tiene por acreditado que los elementos adscritos a la SSPMQ fueron omisos en ejercer las facultades conferidas por la normatividad jurídica aplicable para la detención, vigilancia y custodia de un presunto responsable, quien tras no haber sido correctamente asegurado con los aros aprehensores y carecer de vigilancia, tomó el control de la patrulla en la que se encontraba y emprendió un intento de huída que terminó el en incidente de tránsito ya mencionado.
Por ello, la DDHQ solicitar la inscripción de las personas agraviadas y de quienes acrediten ser víctimas indirectas, en el Registro Estatal de Víctimas, en un plazo que no exceda de 45 días naturales por parte de la SSPMQ.
"Esto con la finalidad de que tengan acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables".
También, le plantea realizar las gestiones conducentes ante las instituciones competentes para que las víctimas reciban el tratamiento psicológico y médico especializado para tratar las lesiones y secuelas provocadas con motivo del hecho de tránsito.
"Asimismo, a quienes acrediten ser víctimas indirectas, se les deberá proporcionar atención psicológica especializada, la cual se prestará de forma continua hasta que alcancen su sanación psíquica y emocional".
Así como implementar capacitaciones al personal operativo, de forma específica, sobre los derechos humanos, seguridad ciudadana y actuación policial, así como para el aseguramiento, supervisión y custodia de personas señaladas como probables responsables de un delito o falta administrativa, esto como garantía de no repetición.
