/ martes 28 de agosto de 2018

De comprobarse la extorsión, pena contra inspectores se agravaría: TSJ

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Consuelo Rosillo Garfias, señaló que de comprobarse la responsabilidad de los inspectores municipales involucrados en presuntos casos de extorsión a comerciantes, se agravaría la conducta por tratarse de servidores públicos.

“Siempre en el caso de ser servidores públicos la circunstancia obviamente agrava la conducta delictiva, necesitaríamos ver circunstancias de tiempo, modo y lugar, y además que la Fiscalía consigne hechos a los que hace referencia”, expresó.

Señaló que necesitaríamos analizar la conducta que la Fiscalía Anticorrupción consigne para los presuntos responsables, no obstante reiteró que cuando se hace uso de un nombramiento como servidor público la conducta se agrava.

La magistrada dijo que están a la espera de que el caso de los inspectores les sea turnado a la autoridad judicial. Por lo pronto, dijo que anteriormente no han recibido algún caso de inspectores municipales.

“Ningún caso de inspección, de manera general hemos tenido algunos casos de servidores públicos a los que se les ha seguido un proceso, durante el lapso del proceso se les suspende de su encargo y se continua el procedimiento hasta su cauce final”, explicó.

Sobre el caso de los ciudadanos que detuvieron en la colonia El Rocío a un presunto ladrón en flagrancia, la magistrada del TSJ señaló que tomar la justicia en nuestras manos rompería el orden social.

“Nuestro código y nuestras leyes existen precisamente para eso, para que se sancione a la personas y no podemos tomar nosotros en nuestras manos justamente la justicia porque entonces romperíamos con el orden social, por eso contamos con un ordenamiento”, indicó.

Consideró delicado que los ciudadanos tomen la justicia por propia mano toda vez que pueden incurrir en una conducta delictiva, “lo ideal es poner a las personas a disposición de la autoridad y sea la autoridad quien ejerza la función específica”.

“Es diferente cuando por legítima defensa optamos por repeler una agresión, sin embargo cuando no estamos repeliendo la agresión y estamos causando daño a una persona aunque ésta haya cometido una conducta ilícita, si ya logramos el aseguramiento ponerlo a disposición de la autoridad”, agregó.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Consuelo Rosillo Garfias, señaló que de comprobarse la responsabilidad de los inspectores municipales involucrados en presuntos casos de extorsión a comerciantes, se agravaría la conducta por tratarse de servidores públicos.

“Siempre en el caso de ser servidores públicos la circunstancia obviamente agrava la conducta delictiva, necesitaríamos ver circunstancias de tiempo, modo y lugar, y además que la Fiscalía consigne hechos a los que hace referencia”, expresó.

Señaló que necesitaríamos analizar la conducta que la Fiscalía Anticorrupción consigne para los presuntos responsables, no obstante reiteró que cuando se hace uso de un nombramiento como servidor público la conducta se agrava.

La magistrada dijo que están a la espera de que el caso de los inspectores les sea turnado a la autoridad judicial. Por lo pronto, dijo que anteriormente no han recibido algún caso de inspectores municipales.

“Ningún caso de inspección, de manera general hemos tenido algunos casos de servidores públicos a los que se les ha seguido un proceso, durante el lapso del proceso se les suspende de su encargo y se continua el procedimiento hasta su cauce final”, explicó.

Sobre el caso de los ciudadanos que detuvieron en la colonia El Rocío a un presunto ladrón en flagrancia, la magistrada del TSJ señaló que tomar la justicia en nuestras manos rompería el orden social.

“Nuestro código y nuestras leyes existen precisamente para eso, para que se sancione a la personas y no podemos tomar nosotros en nuestras manos justamente la justicia porque entonces romperíamos con el orden social, por eso contamos con un ordenamiento”, indicó.

Consideró delicado que los ciudadanos tomen la justicia por propia mano toda vez que pueden incurrir en una conducta delictiva, “lo ideal es poner a las personas a disposición de la autoridad y sea la autoridad quien ejerza la función específica”.

“Es diferente cuando por legítima defensa optamos por repeler una agresión, sin embargo cuando no estamos repeliendo la agresión y estamos causando daño a una persona aunque ésta haya cometido una conducta ilícita, si ya logramos el aseguramiento ponerlo a disposición de la autoridad”, agregó.

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