Tras señalar la subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migrantes, de la Secretaría Gobernación, que las reformas penales aprobadas recientemente por el Congreso de Querétaro tuvieron una redacción “poco clara” y que violan los principios de legalidad y seguridad pública, Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió que estas estuvieron consensuadas y llamó a gobierno federal a respetar la soberanía de los estados.
En video conferencia, el también coordinador de la bancada panista recalcó que el diputado local por Morena, Néstor Domínguez Luna, quien votó en contra de las reformas, mantiene una relación de cercanía con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; en este sentido, señaló que, se aprovechó de “la buena fe” del funcionario federal y se informó de manera errónea el contenido de las reformas.
“Pareciera, sin duda, que se trata de hacer un escándalo partidistista, no de ver por los queretanos. La reforma es necesaria para protegernos y cuidar la violencia familiar, a nuestras médicos, enfermeras…”, dijo.
Defendió que era necesario establecer el uso excepcional del derecho penal en contra de quienes, teniendo conocimiento que padecen COVID-19, no acaten las medidas de seguridad sanitaria y expongan a otras personas.
Asimismo, calificó como una “mentira monumental” que se busca sancionar la libre manifestación, ya que la reforma al artículo 289 del Código Penal, y que aumentó de tres a cinco años de prisión a quien impida la ejecución de obras públicas, solo aplicará cuando estas reuniones no cumplan las medidas sanitarias de Sana Distancia; sin embargo, en el dictamen proporcionado a medios de comunicación, no se detalla esta situación.
De acuerdo con el dictamen al que tuvo acceso Diario de Querétaro, se reformó el artículo 289, para que quien impida la ejecución de una obra y trabajos públicos, se le apliquen de tres a cinco años de cárcel y hasta una multa de 200 UMAS; además, de cometerse por varias personas, se aplicará una multa de cuatro a seis años, hasta un año de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 300 a 500 UMAS. La sanción incrementa de usarse violencia.
“No estamos limitando la libertad de expresión, hay muchos medios más por los cuales se pueden expresar libremente (…) Nosotros somos libres y autónomos y en esa libertad, autonomía y soberanía, también implica la posibilidad que tenemos, el derecho que tenemos, para determinar leyes al respecto que permitan una mejor convivencia”, apuntó.
El legislador panista, por último, recordó que en el 2019, el Congreso de Tabasco, en donde gobierna Morena, se aprobó una reforma similar que aumentó el impedir las obras públicas hasta 13 años de prisión.